El Estado mexicano debe reconocer la enorme deuda que tiene con sus pueblos y comunidades indígenas, y reafirmar su voluntad para proteger los derechos elementales de estos pueblos originarios del país, afirmó el doctor Rodolfo Stavenhagen.
Al impartir en el Senado la conferencia magistral “Los pueblos indígenas ante la neocolonización”, el profesor emérito del Colegio de México indicó que para muchas comunidades existe un “capitalismo depredador, de despojo”.
En este sentido, puso como ejemplo el impacto que ha tenido la actividad extractivista minera, la cual creció considerablemente en la década pasada debido a la “generosa distribución de miles de hectáreas de concesiones a docenas de poderosas empresas mineras que se han apoderado de buena parte de la superficie del país y de los recursos del subsuelo”.
Destacó que las actividades de estas empresas están amparadas en una ley minera “que les otorga privilegios en contra de los derechos de los campesinos, y yo creo que esta es una de las grandes contradicciones del México contemporáneo, del cual se habla muy poco y la opinión pública está muy poco enterada”.
“Lo que para algunos --subrayó-- es un capitalismo emprendedor, moderno, para los pueblos indígenas es un capitalismo depredador, de despojo, y eso también es algo que la opinión pública generalmente ignora y no le da suficiente importancia”.
El doctor Stavenhagen hizo notar que las personas u organizaciones que defienden su tierra y sus recursos son con frecuencia perseguidas, ya que la criminalización de la protesta social es una de las violaciones persistentes de los derechos humanos, de las cuales los indígenas suelen ser víctimas.
Por ello, en su opinión “no basta reformar leyes ni reglamentar los principios constitucionales”, sino que “es necesario asegurar el cumplimiento de las normas de derechos humanos a través de políticas públicas eficaces y sobre todo con la plena participación de los pueblos interesados”.
Comentó que a nivel internacional existen derechos para los pueblos indígenas, entre ellos, la consulta libre, previa e informada. Sin embargo, en México ese derecho aún no se ha legislado, pero los indígenas y las organizaciones de derechos humanos demandan que éste sea aplicado y respetado en la práctica, tal y como lo demanda la legislación internacional.
Según el especialista “ha resultado muy fácil para el gobierno y las empresas simular la aplicación de este derecho a la consulta en vez de respetar plenamente la voluntad de las comunidades indígenas, mediante la participación responsable de ambas partes”.
Rodolfo Stavenhagen también señaló que el derecho de libre determinación y autonomía no son correctamente aplicados y ello ha propiciado que muchos pueblos indígenas lo proclaman y exijan.
“Sin embargo --agregó-- ante la ausencia de un auténtico diálogo nacional sobre el tema y el poco interés de las autoridades federales, algunos pueblos han emprendido por su cuenta establecer su propia autonomía, y ahí están las experiencias de las comunidades zapatistas o los intentos de Cherán, Michoacán, y alguna otras regiones, como las policías comunitarias”.
Al término de la conferencia del doctor Stavenhagen, el senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que desde este órgano legislativo se ha buscado coadyuvar para encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que enfrentan estas comunidades.
“Tenemos que entender que México va creciendo, las demandas son diferentes y esperamos seguir coadyuvando, porque somos un poder que queremos ser respetuosos de los acuerdos”, añadió.
Al respecto, consideró que el conflicto que se vive en la comunidad Yaqui requiere del apoyo del Senado de la República.
Por su parte, el senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, comentó que no basta con legislar o contar con protocolos firmados por México a nivel internacional para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados.
“Es necesario pelear por su aplicación y vigencia permanentemente todos los días; hacer el esfuerzo por aplicar las leyes, y esa parte es un renglón que tenemos que buscar en la Comisión para lograr que se aplique la ley y el Estado de derecho”, subrayó.
A su vez, la diputada Margarita Licea González, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, mencionó que el objetivo central es “reflexionar sobre el estado actual que guardan los derechos de los pueblos indígenas en México y abrir el análisis y reconsideración de los asuntos indígenas como prioridad en la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones”.
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