• También solicitó auditar recursos transferidos al gobierno de Puebla
El Pleno de la Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de la Función Pública que investigue el procedimiento por el que la Secretaría de Desarrollo Social realizó, en mayo de 2012, una inversión de mil 105 millones de pesos en 18 municipios de Michoacán.
En este sentido, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise el otorgamiento y ejercicio de dichos recursos.
La Permanente también exhortó a la ASF para que revise los recursos federales transferidos al gobierno de Puebla durante 2011 y 2012, en particular la adjudicación de diversas obras públicas en el estado.
Asimismo, conminó al Congreso estatal a realizar una auditoría integral de los contratos otorgados por el gobierno para la realización de obras y la adquisición de servicios.
La adjudicación de obra con recursos públicos, manifestaron senadores y diputados en el dictamen, debe realizarse conforme a la normatividad vigente y atendiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Los legisladores mencionaron que a sólo semanas de las elecciones federales, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó una inversión de mil 105 millones de pesos dirigida a 18 municipios del estado, “todos ellos gobernados por alcaldes de extracción panista”.
La inversión millonaria, subrayaron, habría sido destinada a 47 proyectos de infraestructura para la modernización de caminos, reconstrucción de puentes y pavimentación de calles en Acuitizio, Ario, Coahuayana, Cuitzeo, Ecuandureo, Erongaricuaro, Huaniqueo, Ixtlán, Maravatio, Marcos Castellanos, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Tanhuato, Vista Hermosa, Zacapo, Zináparo y Zinapécuaro.
Consideraron que los ayuntamientos fueron “beneficiados por la entrega de recursos públicos de manera discrecional por parte de la Secretaría de Desarrollo Social” y “existe una fuerte presunción sobre posibles irregularidades cometidas por el entonces titular de la dependencia federal”.
Sobre el caso de Puebla, resaltaron que en el estado se han presentado una serie de irregularidades y han sido beneficiados empresarios cercanos al mandatario estatal con contratos de diversos giros, como la concesión para la colocación y adquisición de la Rueda de la Fortuna, un juego mecánico que, según estimaciones, tuvo un costo de 400 millones de pesos.
El gobierno estatal, afirmaron, determinó clasificar como reservada la información relacionada con el número de licitación, así como la empresa encargada del montaje y operación de la atracción.
Más allá de cuestionamientos sobre la instalación de la noria, enfatizaron, es fundamental transparentar el gasto que se ha hecho en esas obras, “toda vez que hasta el momento se ha observado un halo de opacidad”.
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