La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció enérgicamente en contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) de Estados Unidos.
La asamblea también rechazó categóricamente toda acción que vulnere la intimidad, la protección de los datos personales o la seguridad de la población mexicana y atente contra la soberanía que protege a las representaciones diplomáticas de nuestro país.
Además, los legisladores hicieron un llamado al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite al gobierno norteamericano una explicación precisa y urgente respecto al espionaje sobre funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas y pida el cese de esas actividades de forma permanente e inmediata.
En el punto de acuerdo aprobado por senadores y diputados, se enfatiza que el programa revelado por el ex contratista de la ASN, Edward Snowden, representa “una intromisión injustificada de los servicios de inteligencia norteamericanos en la vida civil”, así como una falta a las normas de la diplomacia internacional.
Sin cuestionar el derecho que asiste a las autoridades de ese país para perseguir por la vía penal a quien consideren que ha cometido un delito, cuya investigación y sanción es de su propia competencia, también es potestad de las diversas naciones considerar la viabilidad de conceder asilo político a las personas que sean sujetas de dicha persecución.
“Una y otra potestades --se subraya en el dictamen-- no pueden ser limitadas bajo denuestos o amenazas de una u otra naciones involucradas en la actual cuestión diplomática”.
En todo caso, se agrega, se deben respetar los principios que garantizan la convivencia armónica entre naciones, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
“Hoy sabemos que nuestro vecino del norte, en nombre de la seguridad nacional, capta, registra y discrimina gigantescos volúmenes de información privada a través de sistemas como PRISM y que tal espionaje no se limita a los ciudadanos sino que trasciende a funcionarios públicos, periodistas y agencias de noticias como Associated Press.
A esto se suma el reciente descubrimiento de que nueve importantes compañías de Internet (Google, Facebook, Dropbox, Yahoo, Skype, Microsoft, Paltalk, AOL y Apple) aceptaron desde 2007 la intromisión de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Exterior en sus bases de datos con el fin de recabar, almacenar y examinar comunicaciones y actividades de miles de millones de cibernautas.
Lo más delicado del asunto, empero, son las revelaciones en el sentido de que la Agencia de Seguridad Nacional no sólo intervino diariamente unas 20 millones de conversaciones telefónicas y 13 millones de comunicaciones en Internet sino que al menos 38 embajadas o misiones extranjeras en Washington fueron sometidas a espionaje permanente.
Entre las misiones intervenidas están las oficinas de la Comisión Europea en Washington y de la representación de la Unión Europea en las Naciones Unidas y las embajadas de aliados tradicionales estadounidenses como Francia, Italia, Grecia, Japón, India, Corea del Sur, Turquía y México.
Al respecto, la diputada panista Adriana González Carrillo dijo que la actitud del Ejecutivo Federal ante estos hechos es “cuestionable”, pues sólo ha dado respuestas “muy laxas” frente a posiciones más claras que han tenido gobernantes de otros países.
Por ello, exigió al Gobierno Federal que indique la fecha para la comparecencia del Canciller y del Procurador General, a efecto de “revisar este tema tan grave” porque no sólo están espiando a las instituciones de México sino también a los ciudadanos.
Manifestó que en este momento, en el que nuestro país se apresta a revisar la reforma energética, se debe cuidar que el interés nacional siempre esté por encima y asegurarse que Estados Unidos deje de espiar a nuestro país “con fines de conocer los temas de energía”.
Por su parte, la diputada perredista Lizbeth Rosas Montero consideró que el espionaje estadounidense demuestra “el grado de intromisión y de amenaza a la seguridad nacional” de México.
“Las dudas que rodean al programa de espionaje masivo siguen sin esclarecerse, pese a que Barack Obama ha insistido en que ese programa garantiza libertades”, apuntó.
Por ello, dijo, es necesario que los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como el Procurador General comparezcan ante el Congreso, a efecto de discutir “qué vamos hacer como país”.
En tanto, el diputado Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano, expresó que se trata de un tema viejo, pero ahora adquiere mayor gravedad porque se avanza hacia la intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos.
Refirió que el 100 por ciento de las comunicaciones entre mexicanos están siendo intervenidas con la complicidad del Gobierno mexicano, pues en la administración de Felipe Calderón se dieron facilidades para intervenirlas.
“Las instalaciones de estos sistemas se dieron a través de la AFI y la PGR cuando la titular era la hoy flamante cónsul general en Milán”.
Opinó que la posición del gobierno mexicano es “humillante”, debido a las protestas tibias con las que han enfrentado este escándalo, por lo que da la impresión de ser un “gobierno titubeante” y de “rodillas” ante Estados Unidos.
Solicitan información sobre programas de espionaje internacional
En la misma sesión, la Comisión Permanente solicitó a la Secretaria de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones que ha tomado el Ejecutivo Federal en torno al programa de vigilancia y espionaje internacional operado por agencias gubernamentales de Estados Unidos.
El pasado 6 de junio, los periódicos The Guardian y The Washington Post dieron a conocer que el Gobierno norteamericano espió de forma permanente, mediante su programa PRISM, a los usuarios de compañías como Facebook, Google o Microsoft, así como a misiones extranjeras.
En los documentos presentados se constató que diariamente se espiaban unas 20 millones de conversaciones telefónicas y 13 millones de comunicaciones en internet, incluidas 38 embajadas, entre ellas las de México, donde los actos de espionaje se habrían dirigido a recolectar datos relativos a las políticas mexicanas de energía, petróleo y seguridad.
Por parte de México, el titular del Ejecutivo Federal expresó el pasado 11 de julio, en la ciudad de Chihuahua, que a través de la Cancillería ya habría pedido a Estados Unidos un informe sobre las versiones del presunto espionaje y descartó que este tema haya dañado la relación bilateral.
Sin embargo, los legisladores consideraron que el programa representa “una intrusión injustificada de los servicios de inteligencia norteamericanos en la vida civil, así como una falta a las normas escritas y consuetudinarias de la diplomacia internacional”.
Además, lesiona los derechos humanos a la intimidad y a la secrecía de los datos personales violentando numerosos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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