La Comisión Permanente solicitó a la Procuraduría General de la República que intensifique o, en su caso, realice las investigaciones correspondientes sobre las operaciones financieras y económicas de los líderes de organizaciones sindicales al servicio del Estado que hayan sido denunciadas.
En el dictamen se destaca que entre las principales funciones de un sindicato está propiciar y establecer condiciones de bienestar de sus miembros y permitir la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el patrón y la fuerza laboral.
Sin embargo, las organizaciones gremiales “no han respondido a las exigencias o necesidades de la clase trabajadora; por el contrario, se han beneficiado de su liderazgo para contar con privilegios que les garanticen la ocupación de cargos, la satisfacción de intereses personales y la búsqueda de riqueza y poder”.
Además, se resalta que existen mil 200 asociaciones sindicales registradas formalmente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “en las que muchos de sus líderes gozan de cuestionables privilegios”.
“No es ajeno --se enfatiza en el punto de acuerdo aprobado-- que los sindicatos en México se han convertido en una de las principales fuentes de corrupción y opacidad”.
De acuerdo con el marco jurídico vigente, consideraron los legisladores, es una obligación indispensable de las directivas sindicales rendir a su asamblea cuentas sobre la administración del patrimonio sindical e incluir la situación y destino de los ingresos por cuotas y otros bienes.
Pero, agregaron, los mecanismos “no han sido suficientes para garantizar que los líderes sindicales se vean beneficiados de las organizaciones que dirigen y, peor aún, de los recursos que pertenecen a los agremiados.
Y esto, se enfatiza, se refleja en los privilegios con que han contado los dirigentes para ocupar cargos, satisfacer intereses personales y acumular riqueza, “sin autoridad alguna que los obligue a la transparencia”.
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