Con el objetivo de que los servidores públicos de elección popular estén obligados a publicar su declaración patrimonial a partir de la fecha en que asuman su encargo, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara propuso reformar la Constitución.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente el legislador petista señaló que el pasado mes de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos son confidenciales, pues consideró que la protección de datos personales salvaguarda la vida privada de los funcionarios.
Sin embargo, subrayó que el derecho de acceso a la información está garantizado en la Carta Magna, lo que incide en la disminución de los márgenes discrecionales de los gobernantes y funcionarios públicos, además de que se traduce en la inhibición de actos de corrupción.
Asimismo --dijo-- este derecho humano permite la rendición de cuentas, la transparencia de la gestión pública, y el combate a la corrupción, opacidad e impunidad, por lo que el acceso a la información pública no puede ser restringido o sujeto a la discrecionalidad de las propias estructuras administrativas del Estado.
Por ello, manifestó que es necesario hacer viable la exigencia de la información de los funcionarios con mandos de dirección o que administren bienes y recursos públicos.
En este sentido, explicó que su propuesta pretende que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos deben ser de naturaleza pública “como una forma de control” de la administración pública y un medio contra la corrupción.
Además, se busca facultar a los órganos de fiscalización o control correspondientes para verificar la información que se proporcionen en forma personal y directa por los servidores públicos, agregó.
La iniciativa se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación correspondiente.
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