La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos tiene deficiencias en su aplicación y falta coordinación entre autoridades, niveles de gobierno e instancias que se encargan de aplicarla, aseguró la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión en el rubro.
Además, tiene carencias la integración de las averiguaciones previas de las consignaciones o las sentencias; “es por ello que debemos trabajar en reformas que permitan tener una ley que cuente con el consenso y la legitimidad social necesarios y que sea un instrumento útil y funcional”.
Lo anterior, en la reunión de trabajo llevada a cabo con Instituciones de la Federación encargadas de la Procuración de Justicia, cuyo objetivo es conocer los obstáculos, vacíos y escollos legales a los que se enfrentan, para promover reformas legislativas necesarias y contar con una legislación más eficaz.
La legisladora de Acción Nacional recordó que para armonizar la ley se creó la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas, que fue constituida el 22 de abril pasado.
Detalló que en su conformación se instalaron 3 comisiones; para armonizar el trabajo de la ley y establecer un vínculo con otras instancias del Ejecutivo federal y local; para los presupuestos estatales y federal, a fin de etiquetar o generar indicadores únicos de medición; y para ubicar el tema a nivel internacional.
Afirmó que se pretende atacar el problema con más certeza a través de reformas de ley y trabajar de manera coordinada, con el objeto de evitar la politización del tema, “para que este deje de ser uno de los negocios más lucrativos en el mundo”.
A su vez, la senadora Angélica de la Peña Gómez subrayó que la trata es uno de los tres temas de delincuencia organizada transnacional que más afectan a la humanidad, por lo que México debe garantizar un marco legal aplicable y eficiente en sus preceptos para que desde el inicio de la averiguación hasta su concreción exista una justa aplicación de la ley, de la justicia y la protección del Estado para con las víctimas del delito.
Por otra parte, resaltó que no se debe dejar ningún resquicio en la ley, pues no está debidamente inscrita para lograr una plena y eficiente aplicabilidad y por lo tanto se tengan consecuencias en contra de quien deba proteger.
Asimismo, la diputada Leticia López Landero, presidenta de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas destacó la responsabilidad de los Poderes de la Unión, los tres poderes de Gobierno, así como de empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, para enfrentar la trata.
Lo anterior, al subrayar que a pesar del avance de México al contar con un marco jurídico que define nuestra actuación y coadyuva en el combate de este terrible crimen: la Ley General para Prevenir, Sancionar la Trata de Personas y para Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, aún es necesario fortalecerlo.
Por su parte, Galileo de López Juárez coordinador general de Información y Políticas Públicas de la FEVIMTRA, señaló que hacen falta adecuaciones y precisiones en la Ley, que permitan otorgar certeza y seguridad jurídica.
Manifestó que entre los temas a modificar se encuentra la estructura de la ley; la imprecisión de conceptos en la redacción; la falta de precisión en cuanto al fondo que se maneja; la concurrencia de competencias; publicidad engañosa; lineamientos para el monitoreo de medios.
Dijo que es necesario crear modelos de capacitación, que sea regionalizada, dependiendo de los usos y costumbres de cada entidad y especializar las áreas, ya que hay servidores públicos que confunden los conceptos.
Respecto a los refugios, los señaló como medidas de protección fundamentales, “por lo que se tiene que trabajar en modelos de atención a las víctimas, para que se reintegren nuevamente a la sociedad”.
Expresó que la armonización de las leyes por parte de las entidades federativas se ha hecho de manera parcial, ya que cuando se hace una revisión se encuentra que dejan de lado la parte de las víctimas, “lo que complica la operatividad de la ley”.
En su oportunidad, Miguel Ontiveros, miembro de la Academia de Ciencias Penales dijo que es “urgente” una reforma a la Ley General Contra la Trata de Personas, ya que plantea bases mínimas para la persecución, investigación y sanción de quienes cometen este delito y los anexos; “tiene problemas graves desde el punto de vista técnico penal”.
Aseguró que es necesario incorporar la imprescriptibilidad de todos y cada uno de los delitos contemplados en la ley general, a efecto de que no haya impunidad de los actores o cómplices, así como establecer que el tipo penal de la trata de personas tiene un medio comisivo.
“Es fundamental crear un modelo de aplicación de la ley general, para que todas las entidades la apliquen de forma unificada”.
En sus exposiciones, los fiscales y subprocuradores urgieron al Legislativo reformar la denominación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, por considerarlo muy extenso y además, en el supuesto de equivocarse al escribirlo, “se convertiría en un obstáculo para la aplicación de la justicia”.
Consideraron también la necesidad de llevar a cabo capacitación de los servidores públicos responsables del combate y persecución de este tipo de delitos, así como de homologar el protocolo de actuación para a atención a víctimas de la trata de personas.
Precisaron que existe un conflicto competencial con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada pues no se puede consignar por el delito de trata de personas y de delincuencia organizada en las entidades federativas.
A la reunión de trabajo asistieron Claudia Murillo Morales, titulares de la Unidad Estatal de Trata de Personas de la Procuraduría General Justicia de Baja California; Silvia González Arreola, de la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor de Baja California Sur; Ignacio Alejandro Vila Chávez, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes de Chiapas; Martha Verónica López Jáquez, de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Durango; Guillermina Cabrera Figueroa fiscal contra la Trata de Personas de la Procuraduría del Estado de México.
Además de Nelly Montealegre, procuradora fiscal contra la Trata de Personas del Gobierno Federal; Yolanda Samperio Delgadillo, fiscal especial para la Atención del Delito de Trata de Personas de Hidalgo; Javier Humberto Domínguez Aguilar subprocurador Jurídico y de Atención a Víctimas del Delito de Guerrero; Rolando López Villaseñor, delegado de la Representación Social de la Federación en Morelos; Liliana Araceli Hernández Gómez, de la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Genero de Oaxaca; Pamela Carrión de la Torre, directora del Área de Trata de Personas de la PGJ de Puebla; Ingrid Herrera Cordero, directora de formación profesional de la PGJ de Quintana Roo; Víctor Hugo Espinoza Valenzuela, vocero de Seguridad Pública de Sinaloa y el primer subprocurador General Miguel Lirach Gómez de Tamaulipas.
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