La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, deberá informar sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro país y del proceso de deportación a sus lugares de origen.
Así lo determinó la Comisión Permanente, quien pidió a esas dependencias que refuercen los programas y políticas dirigidas a garantizar los derechos humanos de los migrantes.
Senadores y diputados manifestaron que es obligación constitucional de las autoridades de todos los niveles de gobierno proteger las garantías de las personas que transitan por nuestro país, con independencia de su nacionalidad u origen étnico.
Sin embargo, hicieron notar que a la fecha Veracruz, Tamaulipas y Tabasco son considerados como los estados más peligrosos en el tránsito de migrantes hacia la frontera norte del país.
Prueba de ello, explicaron, son las 65 quejas que en promedio recibe al año la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relacionadas con asaltos y actos de violencia ejercidos en contra de migrantes en esas entidades.
Aunado a ello, mencionaron que muchos de los ataques continúan pendientes de ser resueltos, por lo que es necesario que las autoridades responsables consoliden una política de Estado en materia de protección a los derechos humanos de los extranjeros que transitan por nuestro país, independientemente de su condición migratoria.
Sobre este tema, el diputado priista Javier López Zavala refirió que tan sólo en 2012 más de 85 mil migrantes fueron detenidos en nuestro país, lo que representó un incremento de 22 por ciento con respecto a 2011.
El legislador denunció que en diversos estados de la República se siguen presentando detenciones masivas de migrantes, además de que muchos de ellos son secuestrados o extorsionados por el crimen organizado.
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