A fin de evitar disparidades legales derivadas de la coexistencia de 33 procedimientos de ejecución penal en el país, la fracción del PAN presentó, en voz de la senadora Pilar Ortega, una iniciativa para crear la ley de ejecución de sanciones penales única para la República Mexicana.
Lo anterior al advertir que existen problemas “mayúsculos” en la construcción de una política normativa de ejecución de sanciones penales, que pueden dar pauta a la impunidad dentro del nuevo sistema judicial acusatorio oral.
Pilar Ortega explicó que la reforma constitucional en materia de justicia, en 2008, establece la entrada en vigor del sistema de justicia acusatorio oral en ocho años, empero la vigencia del sistema de ejecución de sanciones penales debe ser en un plazo máximo de tres años.
Si bien diversos estados que ya implementaron el sistema acusatorio ya cuentan con un sistema de sanciones penales --explicó la legisladora albiceleste-- el caso es que en aquellas entidades donde aún no se aplica dicha reforma, pueden surgir diversas modalidades normativas en función de su agrado de avance en la implementación del sistema oral.
“Lo anterior evidentemente ha ocasionado problemas mayúsculos en la construcción de una adecuada política normativa en materia de ejecución de sanciones penales”, destacó.
La propuesta de una ley de ejecución de sanciones penales única, aplicable a todas las entidades federativas y a la federación, tiene como finalidad “lograr un sistema jurídico uniforme sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social”.
Además, prosiguió la legisladora, evitaría la presencia de 33 legislaciones en la materia “que puedan dar lugar a criterios encontrados, tratamiento desigual, dispersión normativa o excesos entre una legislación y otra en cuanto a la interpretación y regulación de las diversas figuras jurídicas propias del nuevo sistema de ejecución de sanciones penales”.
Consideró que con la ley propuesta permitiría igualmente lograr un sistema jurídico uniforme sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, evitándose “espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social”.
Al adoptarse un sistema de ejecución de sanciones penales único, especificó, se facilitaría el proceso de implementación de la reforma a nivel nacional, pues se unificarían criterios en torno a facultades de los jueces de ejecución, procedimientos penales uniformes modelos de reinserción, entre otros.
Adicionalmente, se generarán criterios jurisprudenciales más uniformes, con independencia del correspondiente ámbito de competencia, se contaría con elementos más homogéneos para la planeación del correspondiente rediseño institucional que requiere la reforma en materia de justicia.
Con esto, se otorgará mayor certidumbre jurídica al ciudadano y al operador, al existir a nivel legal reglas claras respecto de las consecuencias jurídicas que en el ámbito de la ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad, con independencia en donde se encuentre el sentenciado. Se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y posible aprobación.
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