En la mesa denominada Propaganda gubernamental y propaganda encubierta, el senador del PRD Ángel Benjamín Robles Montoya dijo que en México la legislación electoral sigue siendo impunemente vulnerada, evadida y que aún son cuestionados los procesos electorales, por la gran cantidad de irregularidades que se registran.
Argumentó que el tema de la propaganda gubernamental y la propaganda encubierta son fuentes de cuestionamiento que ponen en entredicho la equidad y, por ende, la legitimidad de la contienda electoral.
El derecho al voto de los ciudadanos es, dijo, el pilar que debe sustentar un sistema democrático como el de México.
El senador perredista Luis Sánchez Jiménez afirmó que el documento que presentó su grupo parlamentario con el de Acción Nacional propone la sanción penal por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta, la revocación inmediata de la concesión de radio o televisión cuando intervenga ilegalmente en las campañas electorales y la elaboración de Ley de Propaganda Gubernamental.
Al respecto, señaló que los medios impresos, al no estar regulados, quedaron libres y “es donde más se expresa la compra de espacios de publicidad por parte de los gobernantes de todos los partidos”.
“No sólo se trata de propaganda encubierta sino que son utilizados para linchar mediáticamente al opositor sin ninguna posibilidad de que se defienda la parte afectada”, agregó.
En este contexto, comentó que en un recorrido por los estados, en el marco del proceso electoral, observó que el poder del gobernador radica en los medios impresos estatales, municipales, incluso nacionales, ya que son utilizados “de manera cínica”.
Al respecto, Alfredo Figueroa comentó que se debe romper la relación de gasto de los gobiernos con todos los medios en los estados, en todos los niveles, porque esa relación va a terminar teniendo consecuencias y ocurre porque hay una contraprestación previa y posterior al proceso electoral, “eso es lo que se debe limitar”.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo Reyes, manifestó que es necesario crear una ley de propaganda gubernamental que permita la regulación de la comunicación institucional.
En este sentido, dijo que debido a que no hay una planificación de esta en las instituciones, es que tales organismos la realizan con el objetivo de posicionar la imagen de servidores públicos o ciertas ideas electorales y partidistas.
Dijo que en la ley se debe establecer que este tipo de comunicación debe ser de relevancia pública, veraz, neutral y objetiva, “que sirva para que las televisoras se vinculen con esos principios”.
En tanto, el Consejero del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa Fernández, señaló que sin duda es necesario establecer sanciones de carácter penal por la transmisión de propaganda encubierta; “con independencia de las sanciones administrativas a las que haya lugar, debe establecerse una sanción penal tanto a quien vende, como a aquel que compra”.
Aseguró que se debe establecer una definición de propaganda gubernamental y una regulación completa del artículo 134 de la Constitución donde se prohíba el gasto público para que se contrate propaganda.
Manifestó que se requiere de un órgano nacional electoral de interpretación que regule la propaganda y la responsabilidad de servidores públicos; “qué podemos esperar de alguien que aspira a gobernar y que viola la Constitución para llegar a un puesto público”.
Por su parte, el magistrado Santiago Nieto Castillo subrayó que actualmente no existe una ley de responsabilidad de propaganda gubernamental, que emita sanción alguna a los aspirantes a puestos públicos.
Precisó que es fundamental establecer restricciones respecto a los gastos de divulgación, tener un tope a nivel presupuestal para federación, estados y municipios respecto a la propaganda en comunicación social, “lo importante es la actividad sustantiva de los órganos y no la actividad de comunicación”.
Afirmó que se tienen que mejorar las responsabilidades de los servidores públicos, a efecto de regular lo que sucede fuera de los procesos electorales, así como perfeccionar la competencia de los sistemas de responsabilidad administrativa.
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