En el arranque de las audiencias públicas para las reformas del Sistema Electoral y el Régimen Político, especialistas coinciden en que es necesario sancionar de manera más severa la compra y coacción del voto.
En este contexto, el senador perredista Benjamín Robles Montoya destacó que los delitos electorales vulneran y pervierten la democracia, porque “son el incumplimiento de las reglas que los mexicanos nos hemos dado para ejercer la democracia a través de las elecciones, del voto, que afecta a la nación”.
El magistrado Armando Maitret Hernández señaló que la normativa penal electoral debe sufrir un triple proceso de ajuste, es decir, hacerlo congruente con la normativa electoral atendiendo al uso de tiempos en radio y televisión, al rebase del tope de gastos de campaña y a los requisitos de participación en elecciones como candidatos o funcionario de casilla, así como de los servidores públicos.
En un segundo aspecto, dijo, se tienen que revisar las sanciones a los delitos electorales, pues en lo dispuesto en los artículos 70 y 90 del actual Código Penal Federal la mayoría de los casos tipificados como delitos electorales alcanzarían la obtención de beneficios legales para librar la prisión y no se generaría el objetivo disuasivo en esas conductas.
Además, consideró necesario hacer una modificación con perspectiva de derechos para proteger la vulnerabilidad de grupos desfavorecidos como discapacitados, adultos mayores y personas en condiciones de pobreza, pues se debe sancionar la compra y coacción del voto, ya que son delitos que violan los derechos humanos, pues evitan que el mismo se emita libremente.
Por su parte, el magistrado Santiago Nieto Castillo subrayó que en 2011 hubo tres mil 352 averiguaciones previas, contra dos mil 451 en 2012. Respecto a los ejercicios de la acción penal, señaló que de manera gradual se aumentó la cantidad de averiguaciones que desarrolló la Fiscalía, pues en 2010 se presentaron 861 contra mil 118, en 2011 y mil 576 para 2012, lo que se traduce en 212 sentencias en 2010 y 362 para 2011.
Puntualizó que el modelo actual de la Fiscalía combate los asuntos vinculados con la alteración del Registro Federal de Electores y no para defender los valores básicos de una democracia: la equidad de la contienda y atacar la compra y coacción del voto, propaganda encubierta o delitos cometidos por servidores públicos donde se tiene que poner la línea de discusión.
La reflexión, por lo tanto, se tendría que dar en materia de nulidad de votación en casillas, así como de delitos electorales: delincuencia organizada, responsabilidad de servidores públicos y ejercicios caciquiles.
Además, precisó que se debe tomar en cuenta la criminalización de la pobreza, así como el combate de la intromisión de la delincuencia organizada, porque “no querer mirarlo es una irresponsabilidad histórica”.
Asimismo, consideró importante que se blinden los programas sociales y se aumenten las penas para quienes cometan delitos electorales y que se realice un cambio de cultura jurídica a través de jueces especializados en materia penal electoral.
Por otra parte, José Luis Vargas, quien fuera fiscal especializado de la FEPADE, consideró que a pesar de que el sistema electoral debería privilegiar la tutela de la secrecía y la autenticidad del sufragio, ha sido un instrumento altamente vulnerado a lo largo de la historia del país en materia democrática.
El gran pendiente a solucionar, desde su punto de vista, es la compra y coacción el voto, así como la utilización de recursos públicos y de los programas sociales para fines electorales, “esos son dos grandes cánceres que seguimos manteniendo y que laceran terriblemente la democracia y afectan a quien ejerce el voto”.
Respecto al diseño orgánico de procuración de justicia, señaló la necesidad de que la FEPADE cuente con autonomía para las determinaciones ministeriales, así como el establecimiento de los delitos electorales. En este sentido, dijo que se le debe dar autonomía financiera a dicho organismo y que el Senado ratifique a su titular.
Agregó que se debe generar un intrasistema que vincule la procuración de justicia con el IFE y el Tribunal, a través de la institución de dos salas adscritas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; una de lo administrativo y otra de lo penal electoral.
Con ello, se generaría un sistema virtuoso en el que todas las aéreas se comuniquen y que además, se dote de herramientas para atacar las nuevas modalidades del delito como el turismo electoral y el uso de las tecnologías para cometer los ilícitos.
Además, aseguró que el reto del Congreso es la capacidad de abstraerse de intereses individuales y de sus partidos y pensar en lo que conviene para acabar con las prácticas delictivas, ya que quienes las ocasionan son miembros de los propios partidos a quienes posteriormente les toca hacer las reformas respectivas.
Finalmente, Carlos Natarén Nandayapa destacó que para él, el aumento de sanciones no resuelve ningún problema, porque el verdadero factor disuasivo del derecho penal es la eficacia en su aplicación.
Señaló que uno de los objetivos de la reforma penal es la disminución de la prisión preventiva, por lo que este tema debe ser repensado en lo que plantea la iniciativa del PAN y PRD respecto a los nuevos tipos penales y sanciones severas a la compra y coacción del voto.
El nuevo sistema procesal penal, manifestó, tiene muchas salidas alternas como la suspensión condicional del sistema, el juicio abreviado, entre otros.
Al revisar el capítulo de delitos electorales, advirtió que se establecen entre 150 y 160 modalidades de delitos en el Código actual, por lo que se tiene que simplificar pues no se usan y valdría la pena concentrarse en las conductas que generan gran daño a la sociedad.
Asimismo, consideró que se deben explorar los supuestos en los que se podría revertir la causa de la prueba para que el funcionario público compruebe por qué ha desviado recursos apartados de sus obligaciones.
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