Dotar de autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías estatales no garantiza que habrá certeza en la aplicación de justicia, se requiere primero de emprender una reforma que permita revertir el severo deterioro y debilidad institucional que registran.
Así coincidieron en señalarlo académicos y los senadores Benjamín Robles Montoya y Alejandro Encinas, en el marco de la Audiencia Pública para la Reforma del Sistema Electoral y el Régimen Político.
En esta se estableció que es necesaria, además de la depuración de las instancias de aplicación de justicia, la profesionalización de sus elementos mediante el servicio civil de carrera, la creación de un nuevo perfil de abogados y éstos se mantengan ajenos a los intereses económicos y políticos, etcétera.
Robles Montoya apuntó: “De nada sirve tener una autonomía constitucionalmente garantizada, si en las instituciones se ubican a personajes estrechamente vinculados al gobierno en turno”.
El legislador perredista hizo mención específicamente a los rezagos que registran las procuradurías locales: “Lamentablemente hoy atestiguamos que el resultado de varias reformas constitucionales, por paradójico que parezca, se han situado como uno de los instrumentos más valiosos para vitalizar el nuevo feudalismo que se vive en los estados de la República”.
En tanto, el senador Alejandro Encinas, cuestionó la serie de reformas para conceder autonomía a diversas instituciones, al presentar graves problemas por resolver.
“¿Qué esto no se está convirtiendo en una especie de parches que en lugar de avanzar en una reforma de régimen político, está tratando de subsanar fallas que coyunturalmente pueden atenderse pero no resuelven el problema de fondo, con un ingrediente adicional, estamos chocando autonomía frente a centralización”, como es con el Mando Único Policial.
“Hay una especie de psicosis o paranoia institucional que no define lo que urge para que las instituciones funcionen y tengan un mínimo de credibilidad”, subrayó.
Al fijar su postura Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, expuso que es necesario “terminar con la idea de que tan pronto el procurador es nombrado por el Senado exclusivamente o por alguien que no sea el Ejecutivo, entonces por arte de magia vamos a tener una procuraduría autónoma”, pues esto se ve impedido por el deterioro y debilidad que actualmente registran tanto la PGR como las procuradurías estatales.
“Eliminar la ecuación al Ejecutivo puede ser demoledor”, sostuvo al apuntar que este cuenta con la fuerza política y los recursos económicos para realizar una cirugía mayor en las procuradurías, particularmente en la PGR, frente a las resistencias que se presentarán al interior de las mismas instituciones.
“El Ejecutivo tiene la fuerza política, no lo puede hacer el Senado o algún otro poder”, apuntó al reiterar que es necesario depurar al Ministerio Público y desarrollar nuevos perfiles de abogados que permitan acabar con el “trato VIP” en la procuración de justicia y que esta sea igualitaria entre la población.
Con lo anterior coincidió Pedro Salazar, catedrático de la UNAM, al indicar que si bien simpatiza con la figura de la autonomía, lo cierto es que no funcionará correctamente si no existe una reforma de la PGR como institución.
“Temo que muchas de las decisiones que estamos tomando no parten de un rediseño previo de la administración pública federal y por lo mismo es difícil medir las consecuencias”, por lo cual debe antes emprender diversas acciones, como es establecer mecanismos de control internos y externos.
El especialista Fix Zamudio -quien presentó su opinión por escrito al que dio lectura César Astudillo-, calificó de “evidente” que el Ministerio Público requiere de reformas sustanciales, especialmente tras la reforma penal de 2008 que dio pauta a los juicios orales.
Ello, concluyó, porque el MP debe erigirse como un órgano que ofrece garantías en su función de representante del interés general, por lo cual debe separarse de la fiscalía.
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