La Comisión Permanente solicitó a las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados que integren una comisión plural de legisladores para encauzar las demandas de los afectados por el incendio de la Guardería ABC y dar seguimiento a las investigaciones respectivas del caso.
Previamente, al inicio de la sesión, los legisladores guardaron un minuto de silencio a la memoria de los 49 niños que fallecieron en esta tragedia, ocurrida el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, señaló que frente a estos hechos, las primeras acciones del gobierno, en todos sus niveles, “fueron para proteger a los responsables directos e indirectos más cercanos a la tragedia”.
“Por ello --dijo--, el incendio de la Guardería ABC ha quedado grabado en la conciencia colectiva como una marca de profunda tristeza, pero, sobre todo, como el más claro ejemplo de la impunidad que ha convertido a nuestro país en territorio de pillaje y ultraje sin fin”.
A cuatro años de distancia de la tragedia, agregó, todo sigue igual y han cambiado gobiernos a nivel nacional, estatal y municipal, pero “el reclamo de justicia sigue sin ser atendido. No sólo eso, los responsables de estos indignantes hechos siguen gozando de impunidad e, incluso, de presencia en la vida política del país, como si nada hubiera pasado”.
La senadora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo expresó que es necesario trabajar en una legislación adecuada que garantice tanto al prestador de servicio, como a los niños y niñas que asisten a las guarderías, la seguridad suficiente.
Aseguró que actualmente hay una ley que no aglutina el modelo de las guarderías del país, por lo que se requiere de la certeza jurídica de una legislación en la materia que no tolere la impunidad.
Para la senadora priista Cristina Díaz Salazar, el tema de la Guardería ABC es un caso “no acabado y doloroso”, por lo que se debe exigir justicia para los niños que ahí murieron y no mantenerlo en la impunidad.
Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, el senador Héctor Larios Córdova afirmó que después de la tragedia “hubo una atención personal” a los 49 padres de los niños que fallecieron.
A los 32 lesionados, aseguró, se les ha atendido medicamente en México y en el extranjero y todos ellos tienen una constancia de por vida de atención médica, así como un certificado expedido por el Gobierno Federal para garantizar la educación de sus hijos, entre otras acciones.
Comentó que sí se han establecido sanciones penales y como parte del trabajo legislativo se aprobaron diversas reformas y se expidió una Ley, con su reglamento, para regular las guarderías y estancias infantiles.
El senador perredista Miguel Barbosa Huerta aseveró que han aparecido “evidencias de que de manera posible estos hechos hayan sido generados intencionalmente con el propósito de eliminar, bajo un incendio, archivos de una deuda de 10 mil millones de pesos” adquirida entonces por el gobierno de Eduardo Bours.
Asimismo, dijo que en el transcurso de estos cuatro años se han evidenciado de manera “salvaje” la corrupción al más alto nivel, la impunidad y un sistema de procuración de justicia que ha sido rebasado y que sólo protege a quienes ejercen el poder.
De igual forma, acusó que el Gobierno Federal anterior no tuvo la voluntad para que la investigación llegara a fondo.
A su vez, el senador del PVEM, Juan Gerardo Flores Ramírez dijo que el Congreso de la Unión debe contribuir en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la Guardería ABC, a fin de que los implicados asuman las consecuencias en todos los niveles de gobierno.
Dijo que quien dirigía el Instituto Mexicano del Seguro Social, como encargado de cuidar a los niños y niñas de la guardería, se pasea “campantemente” por el territorio nacional, lo que genera un malestar en la sociedad.
Por el PT, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara resaltó que cuatro años “no han sido suficientes” para poder imputar una responsabilidad concreta a los funcionarios públicos involucrados, no sólo penal sino administrativa.
Recordó que ya se abrieron nuevas líneas de investigación sobre la presunta provocación del incendio “para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos, que supuestamente se adquirió durante la administración del ex gobernador Eduardo Bours Castelo y esta denuncia “debe llevarse al extremo en la búsqueda de la verdad y de los responsables”.
En tanto, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, también del PT, señaló que este tema ha sido utilizado como un “trampolín político”, por lo que propuso la creación de una Comisión Especial que busque una solución y permita dar garantías a los niños sobrevivientes.
Por último, el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, lamentó que a cuatro años de la tragedia no existe resolución alguna que ponga fin a “una cadena de lamentables acontecimientos que ha generado el tema de la Guardería ABC”.
Manifestó que se debe ir más a profusión y pedir una exhaustiva revisión al modelo de subrogación que da el IMSS en todas las guarderías que operan bajo ese esquema.
--oo0oo--
