La Tercera Comisión de la Permanente aprobó un dictamen, a efecto de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre las medidas y acciones que se llevan a cabo “para revertir la tendencia decreciente en la estimación del crecimiento económico del país”.
En el documento se destaca la “preocupación” que existe por parte de los legisladores sobre el ajuste de la proyección del crecimiento real del Producto Interno Bruto para 2013, que pasó de 3.5 a 3.1 por ciento.
Asimismo, se menciona que se han dado a conocer cifras oficiales sobre la desaceleración que registra la demanda externa desde la segunda mitad de 2012 y el aumento de la inflación anual a 4.7 por ciento.
De igual forma, se hace notar que la desocupación en México aumentó 0.18 por ciento en abril de 2013 y la disminución de la tasa de ocupación de la población económicamente activa en 0.27 por ciento.
También, se subraya en el texto que el déficit de la balanza comercial de los primeros cuatro meses de este año fue de 2 mil 247 millones de dólares.
Ante este panorama, los integrantes de la Comisión señalaron que las políticas económicas son responsabilidad compartida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que se deben tomar acciones en materia hacendaria, fiscal y de desarrollo regional para hacer frente a la actual situación económica.
En este sentido, manifestaron que esos temas ya se encuentran contemplados en el Pacto por México, por lo que las políticas para mejorar esta situación “serán implementadas en el corto y mediano plazo y, en caso de requerir de algún cambio legislativo, será el Senado quien decida sobre cada caso en particular”.
Al respecto, la senadora priista, Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión, consideró que la recesión en Estados Unidos y la situación difícil por la que atraviesa la economía mundial, han afectado a México, ya que nuestro país no está aislado del contexto internacional.
En tanto, la senadora perredista Dolores Padierna Luna indicó que el recorte al gasto público es el factor determinante por el cual la economía se desplomó, lo que es un “grave error económico” que ha provocado la caída del PIB.
Además, agregó, han caído en más del 10 por ciento las exportaciones, especialmente las petroleras y se ha se ha registrado un aumento en los subejercicios, mientras que la deuda pública se incrementó 34 por ciento.
Lo anterior, dijo, es consecuencia de los criterios de política económica de este gobierno, pues “a fuerzas” se quiere alcanzar un déficit de 0 por ciento, lo cual es posible si no se aumenta la deuda, pero la han incrementado en 34 por ciento.
Deberá Cofeco explicar procedimiento de selección de comisionados que no cumplen con requisitos de ley
Por otro lado, la Tercera Comisión pidió al titular de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que detalle los procedimientos de selección de los comisionados de ese organismo y, en su caso, sobre la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad señalados en su momento por la Secretaría de la Función Pública.
De igual manera, le requirió información del estado que guarda el procedimiento sancionador de los comisionados --que a sabiendas de que eran inelegibles aceptaron el cargo y actuaron con reserva no admisible en el caso—además de declarar con la falsedad ante la autoridad distinta a la judicial.
Los legisladores explicaron que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de resultados de la Cuenta Pública 2011, se evidenció que tres de los cinco comisionados de la Cofeco “no cumplieron con los requisitos relativos al grado de estudios establecido en los perfiles de puesto autorizados por la Secretaría de la Función Pública”.
Uno de ello, precisaron, cuenta con licenciatura mientras que en el perfil se le solicitaba maestría, mientras que los dos restantes acreditaron maestría cuando el cargo requiere de doctorado.
Por lo anterior, la ASF estimó necesario que la Cofeco instrumente las acciones necesarias para analizar los perfiles de puesto de los comisionados, a fin de que sean compatibles con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica.
Al respecto, los legisladores destacaron la importancia que este organismo tiene para la eficiencia económica del país, por lo que es de “la mayor importancia” que la Cofeco informe sobre el procedimiento de selección de los actuales comisionados y dé a conocer el grado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones que realizó la ASF.
Es importante --enfatizaron-- que los integrantes de la Comisión Federal de Competencia cuenten con cierto nivel de conocimientos que solamente son otorgados por los grados académicos y la experiencia profesional.
Que Pemex informe sobre explosión de sus instalaciones en Tamaulipas
Posteriormente, se avaló un exhorto a Petróleos Mexicanos para que informe las causas de la explosión ocurrida en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012.
Asimismo, para solicitarle que prevea zonas de amortiguamiento de sus instalaciones que realicen actividades de alto riesgo para la población, a fin de garantizar su seguridad, salud y protección ambiental.
En el dictamen aprobado se recuerda que el 18 de septiembre de 2012 se registró una explosión de gran magnitud en dichas instalaciones, donde perdieron la vida 31 personas y 42 más resultaron heridas.
Sin embargo, a casi nueve meses del siniestro no se ha hecho del conocimiento público la existencia de alguna investigación en proceso y Pemex no ha remitido información sobre este incidente al Congreso.
Es por ello que senadores y diputados acordaron emplazar a la paraestatal a que explique a la Comisión Permanente las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Reynosa, Tamaulipas, a fin de informar a la población de esa localidad el origen de ese accidente.
Solicitan legisladores información sobre las concesiones mineras del país
En la misma reunión, se acordó solicitar a las secretarías de Hacienda y de Economía, un informe del comportamiento del sector minero de 2000 al 2013, a fin de analizar el actual esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción y mecanismos de distribución.
Asimismo, que indique el monto de incentivos fiscales otorgados a las empresas mineras; un comparativo internacional en término de duración de concesiones, regalías y pago de derechos e impuestos de resarcimiento ambiental.
En el documento se precisa que las concesiones han aumentado cada año y en 2011 alcanzaron un saldo de 27mil 022 títulos y una superficie total de 29.9 millones de hectáreas.
Refiere que entre 2006 y 2010, 15 por ciento del total del territorio nacional fue concesionado a empresas mineras privadas.
Pide Tercera Comisión reporte de acciones para mejorar la calidad del aire
Más adelante, la Comisión ratificó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe sobre las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México.
También, que incluya la actualización de las normas y programas ambientales tomando en cuenta los estándares internacionales, además que los gobiernos estatales actualicen sus sistemas de monitoreo de la calidad del aire en sus respectivas ciudades.
Los legisladores consideran fundamental que la SEMARNAT refuerce la atención en sus programas, a fin de establecer lineamientos más rígidos con mejores protocolos de verificación y endurecimiento de revisión a camiones, sometiendo a los camiones de carga y transporte a verificaciones exhaustivas.
Conflicto laboral en Honda
De igual manera, fue avalado un dictamen que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social información sobre el conflicto laboral de los trabajadores con la empresa Honda de México y, en su caso, intervenga para salvaguardar los derechos de las partes involucradas.
El documento explica que los trabajadores llevaron a cabo una manifestación en la planta de la empresa japonesa Honda, ubicada en El Salto, Jalisco, por el reclamo del pago de utilidades y faltas graves en materia de seguridad industrial por parte de la empresa, donde el 7 de mayo de 2013 la empresa despidió a cinco integrantes de la comisión negociadora y el 14 de mayo a otros seis trabajadores.
Adecuar infraestructura de transporte público para personas discapacitadas
También fue aprobado un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que implemente junto con los concesionarios del transporte público aéreo, terrestre o marítimo, mecanismos que mejoren su infraestructura de accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad para las personas con discapacidad.
Lo anterior, debido a que la infraestructura en materia de transporte público para personas con discapacidad no es la adecuada y, aunado a ello, muchas veces deben de pagar más dinero para moverse en otro medio de transporte o invertirlo en un vehículo especialmente diseñado para sus necesidades.
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