Senado de la República

Senadores y diputados integrantes de la Primera Comisión, que preside el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, aprobaron por unanimidad, un dictamen para que los titulares de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, investiguen actos de discriminación denunciados por mujeres asistentes un seminario organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
Al respecto, les solicitaron que tomen las medidas necesarias para inhibir ese tipo de prácticas durante la aplicación de sus protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Lo anterior -fundamentan en el dictamen- pues es obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno garantizar y respetar los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, sin distinción de su origen étnico o nacional, o cualquier condición que atente contra la dignidad humana.
Información acerca de la Gendarmería Nacional
Por otra parte, consideraron necesario que el Congreso de la Unión tenga conocimiento de la forma en que se pondrá en funcionamiento la Gendarmería Nacional y sobre la incidencia que tendrá sobre el marco legal que le dé vida.
Para ello, solicitaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informe la ruta crítica que se tiene planeada para la conformación de la Gendarmería, el impacto legal que al efecto se tiene contemplado, así como su naturaleza jurídica y el ámbito de sus atribuciones.
Implementación del Sistema de Justicia Penal
En la reunión de trabajo, los legisladores también acordaron que el Secretario de Gobernación, en su carácter de Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, realice acciones concretas y eficaces para impulsar e intensificar, de manera ordenada, el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país.
Lo anterior, a efecto de cumplir con el plazo constitucional establecido y para que se informe el estado en que se recibió este proceso al 1º de diciembre de 2012; pues a cuatro años de iniciado el proceso de implementación de la reforma y a cuatro de culminar con el plazo máximo de duración, el sistema opera únicamente en tres entidades: Chihuahua, Estado de México y Morelos.
Aseguraron que de manera parcial opera en 10 entidades: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, lo que hace un total de 13 entidades federativas que cuentan con sistema acusatorio.
En el acuerdo también se hace un llamado para que los gobernadores de las entidades federativas en donde no se ha implementado el sistema de justicia penal acusatorio o se ha implementado de manera parcial, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, impulsen e intensifiquen las acciones tendientes a cumplir en tiempo y forma el proceso de implementación del sistema.
Además, se prevé que las Conferencias Nacional de Procuración de Justicia, Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, en su carácter de integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instrumenten las medidas necesarias al seno de sus organismos, para impulsar e intensificar las acciones que les correspondan como operadores del sistema de justicia penal acusatorio.
Respeto a indígenas en Morelos
En la misma sesión de trabajo, los legisladores aprobaron un dictamen en el que demandan a las autoridades del municipio de Cuernavaca, Morelos, respetar los derechos humanos y garantía de las personas de origen indígena consagrados en la Constitución y en  tratados internacionales y evitar actos de hostigamiento y discriminación hacia las mujeres indígenas.
El 2 de mayo, detalla el dictamen, un grupo de mujeres acudieron al ayuntamiento de la capital de Morelos para buscar diálogo con el alcalde Jorge Morales Barud, de extracción priista y con el Regidor de Asuntos Indígenas, Marco Antonio Valdín, del Partido Movimiento Ciudadano, con el fin de que se les permita vender sus artesanías en la calle, debido a que el gobierno municipal realizó una “limpia” de comerciantes ambulantes que las afectó.
En las consideraciones del dictamen, el proponente del acuerdo señaló que una de las afectadas,  Adelaida Piña González, indígena mazahua, denunció que el regidor del PVEM, Alfredo Gutiérrez Trueheart se burló del grupo de mujeres indígenas cuando acudieron al Ayuntamiento de Cuernavaca y se refirió a ellas de manera despectiva, de igual forma, señala que cuando entraron al ayuntamiento, Gutiérrez Trueheart y otros regidores se rieron y trataron de tomarles fotos.
Por tal motivo, en el dictamen también hicieron un llamado al Congreso de Morelos para que valore la procedencia de citar a las autoridades respectivas de Cuernavaca, a fin de esclarecer los hechos denunciados por las mujeres indígenas que atentan contra sus derechos fundamentales.
Asimismo pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos valore la procedencia de atraer la investigación de los hechos discriminatorios denunciados.
Construcción de un banco de alimentos
La alimentación es parte fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. Si no se goza de una buena alimentación es poco probable alcanzar buenos niveles de salud física y mental, es por ello que el hambre ocasionada por la falta de alimento resulta un desafío a la dignidad humana, un problema que transgrede la integridad de millones de mexicanos. Es así que el derecho a la alimentación se traduce como un derecho humano, por ende un derecho inalienable e inmutable de todas las personas.
Para atender este tema se aprobó un dictamen por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social realice las gestiones necesarias con el objetivo de construir un banco de alimentos que funcione a nivel nacional para así contribuir a erradicar el hambre en México y garantizar el derecho a la alimentación de todos los mexicanos.
Plan de seguridad para la Ciudad de México
En otro dictamen y con el objetivo de garantizar su seguridad durante su visita, los integrantes de la Primera Comisión exhortan a la Procuraduría General  de Justicia  del Distrito Federal a diseñar y establecer un Plan de Seguridad Pública, urgente y permanente, para la Ciudad de México, con la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de visitantes extranjeros.
En este orden de ideas, llamaron al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a llevar a cabo, en coordinación con todos las Demarcaciones Territoriales; y con todas la dependencias competentes del Gobierno del Distrito Federal, inspecciones constantes a los establecimientos cuyo objetivo principal sea preservar la seguridad e integridad de todos los ciudadanos y extranjeros que concurran a divertirse.
Programas ambientales
En la reunión, los senadores y diputados, aprobaron un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera para que informe los costos económicos, sociales y a la salud pública de las contingencias ambientales declaradas en los últimos 13 años y que se han visto agravadas en los cuatro meses recientes.
Lo anterior, por la exposición de la población a elevados y persistentes niveles de contaminación atmosférica que en el corto y mediano plazo acarrea costos a la salud, económicos y sociales a los hogares, industrias y gobierno por lo que su atención debe ser considerada con la más alta prioridad en la agenda nacional.
Participación ciudadana
Por otra parte, avalaron un dictamen para que los congresos de las entidades federativas que aún no han formulado iniciativas de ley en materia de participación ciudadana, lo hagan, y  establezcan Comisiones Legislativas de Participación Ciudadana, para avanzar en la creación de un marco jurídico nacional que promueva el acceso de los ciudadanos a nuevos mecanismos de participación en los asuntos públicos.
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