La Secretaria de Desarrollo Social deberá informar a la Comisión Permanente de las acciones que realiza para garantizar eficazmente el abasto y acceso a los alimentos por parte de toda la población, en especial la que se encuentra en situación de vulnerabilidad, indígenas, niños, mujeres, adultos mayores y personas de más escasos recursos.
Al presentar la propuesta, la senadora Dolores Padierna Luna señaló que a pesar de que el gobierno federal puso en marcha la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, existen cifras por parte de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México que revelan un incremento generalizado en los precios de los alimentos.
Hay aumentos, añadió, de al menos un 400 por ciento en el precio del tomate; de 20 por ciento al huevo y un alza generalizada en las verduras de entre 20 y 30 por ciento.
“Por si fuera poco, al aumento exagerado de precios se le suma un aumento indiscriminado en los precios por parte de los centros comerciales. Lo anterior es un golpe muy duro para las familias mexicanas, al ser estos productos de consumo diario”, señaló la legisladora perredista.
En el punto de acuerdo avalado por la asamblea, Padierna Luna también conminó a la Secretaría de Economía a combatir “el incremento indiscriminado” en los precios de los alimentos, en especial los de consumo básico.
Además, el pleno de la Permanente instó a la Secretaría de Agricultura para que le informe periódicamente de las causas que provocaron este incremento y, en caso de que de éstas se desprenda la comisión de alguna conducta ilícita, se finquen las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar.
Del mismo modo, le pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor realizar una investigación respecto del incremento de los precios de los alimentos en los diferentes establecimientos del país y que se haga una difusión amplia y clara de los lugares en que los productos se encuentran en un mejor precio.
Al respecto, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, refirió que la equivocada política pública del gobierno federal ha creado una espiral en los precios y carestía en los productos, con la consecuente pobreza que padecen millones de mexicanos.
Afirmó que el poder adquisitivo se encuentra mermado por los continuos incrementos en las tarifas de la energía eléctrica y los precios de los combustibles.
Por su parte, el senador Armando Ríos Piter, del PRD, puntualizó que el problema del hambre está ligado al uso de recursos públicos destinados para combatir la pobreza alimentaria.
Mencionó que la base de la discusión en materia fiscal radica en la eliminación de los monopolios y oligopolios, ya que son los dueños de estas industrias alimentarias las que han dejado a México en la pobreza.
La diputada Beatriz Zavala Peniche, del PAN, consideró oportuno revisar los criterios de la Cruzada contra el Hambre, toda vez que han identificado diversos municipios que no están caracterizados por niveles de pobreza alimentaria para otorgar la ayuda del programa.
El senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, también del PAN, destacó que hay muchos mexicanos que no tienen acceso a los alimentos, por lo que es necesario tomar medidas para ayudar a quienes viven en pobreza alimentaria.
También expresó que urge adoptar medidas para evitar que los recursos sean usados con fines políticos-electorales.
En tanto, el senador David Penchyna Grub, del PRI, señaló que el hambre es un problema transversal que sólo se puede analizar de manera integral y se pronunció en favor de la propuesta para llamar a los titulares de la secretaría de Economía y de la PROFECO a atender el tema de la pobreza y la desigualdad con mejores propuestas.
A su vez, el diputado Silvano Aureoles Conejo, del PRD, refirió que casi el 50 por ciento de la población está en situación de pobreza, de los cuales 30 millones viven pobreza extrema.
Consideró que la Cruzada contra el Hambre no genera grandes expectativas y en este programa no se ha considerado ayudar a las regiones con mayor pobreza.
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