Senado de la República

Luego de quedar formalmente instalada, la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales se declaró en sesión permanente, a fin de vigilar que los recursos públicos no se utilicen con fines políticos, personales, electorales o partidistas en los 14 estados donde habrá elecciones este año.
Este órgano de trabajo será presidido por el senador panista José María Martínez Martínez  y estará integrado por los senadores Patricio Martínez García, del PRI, y Manuel Camacho Solís, del PRD.
 
Los legisladores avalaron los lineamientos de trabajo con los que se regirá la Comisión, a efecto de vigilar que se haga uso transparente y sin fines políticos, personales, electorales o partidistas de los recursos humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos de los gobiernos federal, estatales y municipales.
De igual forma, que se lleve a cabo el buen funcionamiento de los programas sociales, de servicios o bienes públicos administrados o financiados por los tres órdenes de gobierno, además se revisará que organizaciones sociales, personas físicas o morales no actúen en nombre o representación de las administraciones públicas.
Para evitar actos de presión o coacción a los electores y generar equidad o certeza en la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, los senadores pidieron suspender la difusión de obra pública y acciones de gobierno en los estados en los que se realicen procesos electorales, salvo los de seguridad y emergencia.
Se acordó que el presidente de este órgano de trabajo realice “las gestiones que considere pertinentes” ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas de los tres órdenes de gobierno.
La Comisión implementará mecanismos electrónicos y físicos para la recepción de denuncias sobre infracciones o delitos electorales y podrá requerir a las autoridades involucradas toda la información necesaria “para esclarecer los señalamientos”, así como solicitar a los servidores públicos implicados un informe de las acciones que se les imputan.
Si lo requerido no se rinde conforme lo solicitado, la Comisión, por mayoría de votos de sus integrantes, solicitará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se cite a comparecer a los servidores públicos involucrados.
Además, vigilará que no se utilicen los programas sociales y recursos federales, estatales, municipales o del Distrito Federal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
Entre otros puntos, la Comisión estará alerta para que los funcionarios no “prometan la entrega o amenacen con la suspensión de recursos o bienes de programas públicos o la realización de obras públicas a los ciudadanos” para influir en las elecciones.
Asimismo, impedirá que se retenga la credencial de elector de los ciudadanos y vigilará que no se obstaculice o interfiera en el desarrollo legal de las campañas electorales o en la votación, escrutinio y cómputo, así como en el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.
Precisaron que estos lineamientos no son “sustitutivos” a los establecidos en leyes, reglamentos y demás ordenamientos en materia electoral, sino como “complementarios” para coadyuvar al buen desarrollo de las elecciones.
Se informó que los integrantes de la Comisión Especial visitarán cada uno de las 14 entidades donde se celebrarán elecciones este año y comenzarán el 13 de mayo en Veracruz.
Durante las visitas, los legisladores sostendrán encuentros con organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la vigilancia de las elecciones, organismos electorales y delegados de programas sociales.
Dejaron en claro que el orden de las visitas podría cambiar si se registran “focos rojos” en los  análisis sobre el uso de programas sociales en tiempos electorales o por acontecimientos importantes.
Por último, el senador José María Martínez Martínez informó que la Comisión concluirá sus trabajos con un reporte sobre el estado de la democracia a nivel local, a fin de “ajustar los mecanismos que permitan eficientar los procesos electorales en los estados y garantizar el respeto absoluto a los derechos y libertades de los ciudadanos
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