El senador Juan Bueno Torio, del PAN, solicitó a gobernadores de los 31 estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal informen de la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial hincapié en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados.
Dicha propuesta –advirtió—busca obligar a los gobiernos de las entidades federativas a transparentar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
Asimismo, solicitó que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal instruyan a sus órganos de fiscalización para auditar las finanzas públicas estatales y del D. F.
El senador por Veracruz, instó también a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a formar un grupo de trabajo para dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas.
Detalló que la falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave.
Al respecto, comentó que en el documento Índice de competitividad estatal 2010. La caja negra del gasto público, el Instituto Mexicano de la Competitividad señaló que en la actualidad “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal y cuáles son sus salarios”.
“En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad por la que ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento”, enfatizó el legislador.
Argumentó que el hecho de que los gobernantes locales no estén obligados jurídicamente a reportar cómo gastan, los ha llevado a contratar mayores montos de deuda, situación que se ha vuelto insostenible en algunas entidades.
Además señaló que en el reporte Obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se demuestra que en varias entidades federativas el endeudamiento público ha excedido la capacidad de pago de las haciendas públicas, lo que las llevará a un desastre financiero.
Bueno Torio afirmó que tal irresponsabilidad económica está acompañada de oportunismo político, “pues es notoria la presencia de motivaciones electorales para ciertos actores”.
“Basta observar que de las administraciones estatales que renovaron autoridades en 2010, la gran mayoría legó a los gobiernos entrantes niveles de pasivos que ponen en riesgo la ejecución de proyectos de obra pública y desarrollo social”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente.
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