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La Comisión de Justica, que preside el senador panista Roberto Gil Zuarth, continuó este miércoles con la tercera audiencia pública para analizar las iniciativas relativas a la expedición de un nuevo Código de Procedimientos Penales.
En esta ocasión, los ponentes revisaron los mecanismos alternativos para la solución de conflictos en el sistema de justicia penal.
En su intervención, Javier Cruz Angulo Nobara, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, destacó que 76 por ciento de delitos que conoce la Procuraduría General de la República no admiten mecanismos alternativos para la solución de conflictos porque se consideran graves, incluso en el nuevo sistema acusatorio.
Dijo que la “creación de unidades o centros de mediación para la conciliación, como se desarrolla en los estados, se considera un despropósito por la cantidad de recursos públicos que se tendrían que utilizar para su implementación y sólo atenderían casos excepcionales”.
Para la maestra Ibett Estrada Garza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se requiere un análisis específico para definir los delitos en los que se admitan los medios alternativos de solución de conflictos.
Consideró que sí existen transgresiones en materia federal que pueden resolver a través de estos mecanismos, como los relativos con el pago de impuestos y los que tienen que ver con cuestiones aduaneras.
Jorge Gamboa Olea, juez de primera instancia de control del Primer Distrito Judicial de Morelos, expresó que estas herramientas “es un tema abandonado” en la mayoría de los estados que ya implementaron el nuevo sistema de justicia, “porque no se ha dotado de infraestructura básica a las procuradurías” locales para contar con unidades de justicia alternativa.
Afirmó que sólo Baja California cuenta con un centro de este tipo que es ejemplo a nivel nacional, pues en la entidad se entiende el modelo penal acusatorio.
A su vez, el doctor Roberto Hernández, realizador de documental Presunto Culpable, manifestó que México cuenta con el sistema de justicia más ineficaz del mundo y está ubicado en este índice por debajo de Senegal, Bolivia, Uganda, Nigeria, Turquía, Marruecos, Argentina, Colombia, Rusia, Polonia o Chile.
Planteó que si no se regula la presentación de pruebas por medio de testigos oculares, continuarán los casos como el de Antonio Zúñiga y “muchos presuntos culpables”.
Por último, Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, señaló que urge la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Penales porque se pone en riesgo de que no entre en vigor el sistema penal acusatorio en todo el país para 2016, como se estableció en la reforma constitucional.
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