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Las comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad, en lo general, el proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y por el que se reforma el primer párrafo del artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales.
Angélica de la Peña, del PRD afirmó, al presentar la posición de su partido, que la aprobación de dicho proyecto es “para garantizar que ninguno de los procedimientos, ni mecanismos inscritos en la Ley de Víctimas se pare, es decir, en la ley promulgada en el Diario Oficial de la Federación se establece una serie de compromisos y mecanismos que es importante poner en funcionamiento, de tal forma, que estas reformas garantizar que esta ley sea plausible”.
Anunció el voto a favor y sin reservas del dictamen, congruente con el compromiso signado con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad.
Por su parte, el senador panista Héctor Larios Córdova aseveró que a tres meses de promulgada la Ley de Víctimas por parte del presidente Enrique Peña Nieto “no hay un solo reclamo, un solo procedimiento que se haya iniciado porque la ley es totalmente inoperante, tan es así que hoy se presenta una propuesta de reforma a la ley que está vigente y que no ha operado en más del 70 por ciento del contenido de la ley”. No atendía, dijo, a una atención efectiva de las víctimas.
Anunció el voto del PAN a favor del dictamen en lo general pero, comentó, haremos reservas encaminadas a hacer eficaz la reparación del daño a las víctimas de los delitos. No responderemos, dijo, a compromisos signados o no “porque para nosotros lo importante son las víctimas de los delitos y no el prestigio político de haber suscrito acuerdos con algún grupo o con otro, lo que importa son las personas”.
También participó la senadora Arely Gómez del PRI, quien comentó que el objetivo de aprobar el dictamen es contar con una ley más precisa y operante y adelantó el voto a favor de su grupo parlamentario en lo general y sin reservas.
Esta ley, expuso, ha sido consensada y estudiada con expertos y con los grupos de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que recordó algunos de los beneficios de la ley: “Se agrega al concepto de víctimas directas, que son personas físicas y que sufren daño o menoscabo de manera inmediata; se incluye el concepto de víctimas potenciales; se establece un catálogo claro de la compensación a cargo del Estado; establece claramente los montos y términos para compensar; se acotan los supuestos de la obligación subsidiaria del Estado para que no se trate de todos los delitos, ni de todos los casos; se determinan claramente las atribuciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; se redujo el Sistema Nacional de Víctimas de más de 3 mil a 110 personas para hacerlo más operante”.
También, dijo, se determinan claramente las funciones y facultades de la Comisión Ejecutiva, se reduce el número de comisionados de 9 a 7; se clarifica la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno y las diversas instancias públicas; se establece un porcentaje de gasto programable que será destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y se establece la facultad del Estado para repetir en contra de los victimarios.
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