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Resultado de la solicitud de Organizaciones No Gubernamentales a favor de los migrantes, encabezados por los padres Alejandro Solalinde y Heyman Vázquez, la senadora Layda Sansores San Roman, de Movimiento Ciudadano, solicitó al Ejecutivo Federal la revocación del cargo del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, debido a su cuestionada trayectoria de “no respeto a los derechos humanos”.
Su nombramiento contradice los acuerdos unánimes del Congreso que en 2011 aprobó la Ley de Migración con una clara perspectiva de respeto a los derechos humanos y “su historia y perfil policiaco militar, así como su reputación de represor, se interpreta como una decisión de seguir criminalizando a los migrantes”, comentó.
La legisladora expuso que en Chiapas el funcionario público participó en el operativo Arcoiris que se encargó de expulsar el mayor número de migrantes -en la historia- además de ser uno de los responsables de la represión de Atenco.
Cuestionó ¿Qué explicación da el Gobierno ante esta contradicción? Por un lado ofrece disculpas por los excesos de Atenco y, por el otro, nombra a uno de los dirigentes de esa represión como comisionado del Instituto.
En el mismo sentido, Sansores San Román apuntó que el INM debe ser una instancia de trámite administrativo y no una instancia de seguridad nacional.
Además, aseguró que la atención a los migrantes documentados es caótica y deplorable, “estuve ahí en las oficinas, largas colas, cuatro horas para que lleguen y digan que perdieron sus documentos, no hay un lugar donde sentarse porque dicen que la actual delegada se llevó todo el mobiliario, pero bueno, reconocemos que el nuevo delegado dio la cara y expresó la voluntad de dar orden y celeridad a los trámites”.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios.
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