Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El senador René Arce, del PRD, demandó la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, para que informe del avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales con relación a la prevención del delito y la incidencia delictiva e índices de violencia.

De aprobarse la propuesta, Alcántara Soria también deberá dar cuenta de la certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas en materia de seguridad pública.

El legislador destacó en la tribuna de la Comisión Permanente la necesidad de que el funcionario explique lo que sucedió “con los más de 80 mil millones de pesos invertidos en los últimos 15 años, -más de cinco mil millones en promedio por año-, así como los subejercicios en seguridad pública”.

Consideró pertinente conocer si la estrategia implementada ha dado resultado y si ha generado mejores condiciones para la sociedad.

En el punto de acuerdo se consigna que en 2009 los recursos del financiamiento conjunto Federación-estados fue de ocho mil 975 millones de pesos, de los cuales cuatro mil 383 millones de pesos, es decir el 48.8 por ciento, se dedicó al rubro de alineamiento de las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia.

Sin embargo, el subejercicio fue de mil 282 millones de pesos, mientras que el subejercicio total ascendió a dos mil 591 millones de pesos.

Por ello, estimó urgente conocer qué ha provocado en amplias zonas un escenario bélico con más de 30 mil muertos en cuatro años, que tiene al país sumido en la desesperanza y la violencia, porque no se puede dar el lujo el Sistema Nacional de Seguridad Pública de tener subejercicio presupuestal.

Planteó también que no se tiene conocimiento del avance de la implementación de la reforma penal, en lo que a proceso acusatorio y oral adversarial se refiere, ni de la certificación y acreditación de las instancias de policía federal, estatal y municipal que le corresponde coordinar al Sistema Nacional.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente.

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