*No fue producto de la casualidad: PAN
*Urge reestructurar instituciones: PRD
*El caso tiene una gran connotación política: PVEM
*Convergencia en contra del abuso del poder e impunidad
*Incapacidad ante violencia y crimen: PRI
*Investigación transparente, pide PT
Senadores y diputados de la Comisión Permanente expresaron su beneplácito por la liberación de Diego Fernández de Cevallos y exigieron justicia.
Al fijar la postura del PAN, el senador Alejandro Zapata Perogordo manifestó que “no se puede dejar de reconocer” que el secuestro de Fernández de Cevallos “no fue producto de una casualidad, pues algún grupo que se ha asignado esa actuación tiene motivos filosóficos y doctrinarios, independientemente de los fines lucrativos”.
Dijo que la seguridad pública es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, por lo que se requiere de la coordinación de todas las autoridades para combatir delitos como el secuestro.
Cuando un grupo “trata de llevar a cabo impactos sociales como los que vimos con Fernández de Cevallos es porque pretende darle a nuestra consolidación democrática, que va caminando, un rumbo diferente”, aseguró.
Dijo que por ningún motivo, sea político u económico, el secuestro es justificable y “no podemos dejar que ese tipo de cuestiones ocurran”.
En tanto, el senador del PRD, René Arce, señaló que es momento de que en el país se hagan leyes y procedimientos para que nadie pague nada por un secuestro.
Y aclaró que “quizá se tengan algunas víctimas al principio, pero después los delincuentes sabrán que no habrá quién pague y sí persecución para los secuestradores”.
Asentó que se “podemos aumentar las penas 10, 20, 30 ó 40 veces, pero eso no va a impedir que siga habiendo secuestros. Tampoco podemos hacer solamente declaraciones, minutos de silencio o cosas de este tipo porque eso ya no sirve”.
René Arce se pronunció por acabar con la impunidad que provoca que de cada 100 secuestros quizás en uno se juzguen a los delincuentes, pero se requieren instituciones que tengan sistemas de inteligencia y una política de reestructuración de las mismas.
Por el PVEM, el senador Javier Orozco Gómez señaló que el caso Diego Fernández de Cevallos “tiene una gran connotación política” y está relacionado con los problemas de inseguridad que se viven en nuestro país.
“No se trata de echar culpas, sino de cumplir a cabalidad con las disposiciones legales para atender y resolver un problema que está aquejando a los mexicanos y que es una situación que tiene que ver con la inseguridad”, dijo.
Subrayó que el secuestro afecta no sólo a personajes de la vida política sino a muchas personas más; por lo que “tenemos que seguir trabajando y exigiendo al gobierno federal que cumpla con las disposiciones que aprobó el Poder Legislativo para combatir este delito”.
El senador de Convergencia, Dante Delgado, enfatizó que la exclusión de las minorías “tiene consecuencias”, sobre todo cuando hay más de 50 millones de mexicanos que viven con dos salarios mínimos o menos, por lo que se pronunció por definir políticas públicas que reactiven la economía y hagan justicia a los grupos vulnerables.
Además, dijo que es necesario “levantar una enérgica protesta en contra de quienes piensan que se pueden hacer justicia por sus propias manos”.
“Estamos desde luego en contra de los secuestros, en contra de los secuestros que puede realizar cualquier grupo organizado para privar a una persona de su libertad y llevarlo a una casa de seguridad, pero también estamos en contra del abuso de poder que con impunidad realiza secuestros desde el poder público”, subrayó.
En este escenario, Dante Delgado convocó a los legisladores a reflexionar sobre lo que “significa la gobernabilidad del país, porque hay regiones donde el Ejército reconoce que hay zonas de exclusión en las que la delincuencia organizada tiene control absoluto de las decisiones en materia política, económica y social”.
Por el PRI, el diputado Arturo Zamora Jiménez mencionó que es lamentable que en nuestro país un ciudadano, cualquiera que sea su condición económica o social, padezca este tipo de situaciones que lastiman no solamente a la víctima, sino también a sus familiares y a la sociedad en general.
Las autoridades, aseguró, han demostrado de manera permanente su incapacidad para derrotar la violencia y al crimen organizado.
“Nosotros como Poder Legislativo hemos obsequiado al Poder Ejecutivo todas las reformas y los instrumentos legales y los recursos económicos para revertir el fenómeno de la violencia, de la impunidad, sin embargo, no quiere reconocer que en sus entrañas campea la corrupción”.
Asimismo, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del PT, destacó que este secuestro se inscribe en el marco de inseguridad en que vivimos día a día, y que perjudica de manera sensible la estabilidad y la economía de miles de familias a lo largo y ancho de nuestro país.
Consideró que las autoridades federales tienen la obligación de llevar a cabo una investigación puntual y transparente para esclarecer el delito y aplicar la ley a los autores del mismo.
“Esta situación de inseguridad y de deterioro al patrimonio de miles de familias no puede continuar. Nuestro país no puede permitir el clima de violencia e inseguridad que se vive, no importa que la víctima sea una figura pública o un ciudadano común y corriente”, enfatizó.
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