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El Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, entregó hoy, en el marco de la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, las Bases y Lineamientos para la Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, compromiso establecido en el Pacto por México que busca involucrar a los gobernadores de todo el país para “alinear sus programas y hacer de la prevención una prioridad”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, el priista Omar Fayad Meneses afirmó que el órgano legislativo que preside considera que la prevención será siempre una de las armas más importantes para enfrentar la delincuencia en nuestro país. Debemos, dijo, ver el fenómeno delictivo desde otro ángulo.
Campa Cifrián explicó que el programa de prevención es responsabilidad de las siguientes secretarías de Estado: Hacienda para el ejercicio oportuno de los recursos, programa de rendición de cuentas e instrumentos financieros involucrados; Educación, Gobernación, Desarrollo Social, Marina, Economía, del Trabajo y Comunicaciones, todas “empeñadas en cambiar la realidad que vivimos”, sobre todo en las regiones donde se generan las acciones más violentas.
Expuso que el programa tiene cuatro estrategias nacionales que se aplican en todo el territorio nacional y en los tres órdenes de gobierno, que se refieren a la prevención de la violencia en el entorno familiar, lo que tiene que ver con violencia de género, salud reproductiva, violencia familiar, violencia contra las mujeres.
Un segundo programa relativo a la prevención de la violencia en el entorno escolar; un programa de combate a las adicciones a partir de una visión estrictamente de salud pública, no de una visión persecutoria sino estrictamente a partir de una visión de salud pública y una más que se refiere a la detección oportuna de problemas de aprendizaje en los niños, en muchos casos causas de deserción escolar, fundamentalmente a partir de factores visuales, auditivos y cognitivos leves.
“El programa además, dijo, se focaliza en 57 demarcaciones en el país. El fondo aprobado por la Cámara de Diputados de 2 mil 500 millones de pesos se distribuye en 57 demarcaciones en el país. La evidencia de la experiencia internacional nos indica que un programa de prevención tiene que ser focalizado para ser eficaz”.
Apuntó que los diputados federales determinaron en el PEF 2013, que los factores para determinar los lugares donde van a trabajar “se resuelven a partir de tres variables: el tema demográfico, condiciones de violencia y delincuencia y los factores de índole social”.
Se trata, reiteró, de 57 demarcaciones, dos delegaciones del Distrito Federal (Iztapalapa y Gustavo A. Madero), siete zonas, metropolitanas, ya que hay regiones que no pueden enfrentarse a partir de una visión municipal sino metropolitana, como La Laguna que es la conurbación de dos entidades federativas distintas y de 4 municipios (Torreón, Lerdo, Gómez y Madero), así como Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Cuernavaca; el resto son 48 municipios.
Adicionalmente, apuntó Campa Cifrián,“hemos entregado una propuesta de las colonias, de las poligonales donde estamos proponiendo que se focalice el esfuerzo local”.
“Lo que se busca es identificar puntualmente en cada una de estas demarcaciones, las zonas donde se están generando los fenómenos de violencia”, explicó Campa y advirtió que la información que hoy pusieron a consideración de la Comisión de Seguridad Pública y de los gobernadores es “solamente estadística y documental con la que nosotros contamos”.
El compromiso que estamos planteando en el programa es que en marzo se corrobore en el nivel local, se enriquezca la información con la que cuentan los estados y los municipios, como la gente sometida a proceso en los últimos tres años y en la que se identifique de dónde vienen, no dónde cometieron los delitos, sino donde crecieron para ser capaces de identificar cuáles son –a partir de esta y otras variables—las regiones donde se están generando los fenómenos de violencia en cada una de las demarcaciones.
Señaló que se busca contar con un plan de acción para cada poligonal –habrá tres o cuatro por cada entidad--. “Nos interesa muchos ser capaces de focalizar, de acreditar con resultados tangibles que realmente podemos cambiar la realidad que se vive en esas comunidades y las entidades tendrán la responsabilidad de llevar en cada caso, acciones concretas para cada poligonal.
“Todas las secretarías van a trabajar de manera coordinada en esas poligonales y lo vamos a hacer con los gobiernos de los estados y con los gobiernos de los municipios en aras de buscar mejores esquemas de coordinación; entre el orden estatal y municipal se definieron en los lineamientos un conjunto de procesos para garantizar que la determinación del diagnóstico puntual de esas comunidades y la elaboración de los programas sea el resultado de un trabajo conjunto del orden municipal con los gobiernos de los estados”.
También participó Lucila Guerra, responsable de planeación de la Subsecretaría, para comentar que el programa nacional de prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como instrumento rector de política pública nacional, tiene como fin contribuir a la construcción de comunidades inclusivas, cohesionadas y seguras en nuestro país, para prevenir las violencias y la delincuencia en el país en coordinación con los tres órganos de gobierno, los poderes de la Unión, instancias nacionales e internacionales, sectores sociales y, de manera muy especial, con una participación activa de la sociedad.
Dicho plan, dijo, está basado en la corresponsabilidad, en la coproducción de la seguridad y tiene siete objetivos específicos, de los cuales se derivan diversas líneas de acción.
Tales objetivos, apuntó, son fortalecer las capacidades institucionales para la prevención social de la violencia en los tres órdenes de gobierno, desarrollo de habilidades y competencias ciudadanas para la prevención; promover las condiciones de vida no violentas en las comunidades con énfasis en la infancia, juventudes, mujeres y otros grupos; contribuir a la prevención, atención y tratamiento de la adicción a las drogas; fortalecer la cohesión comunitaria y fomentar la cultura de paz, legalidad y convivencia ciudadana; proponer intervenciones sociourbanas que permitan los equilibrios de desarrollo urbano, humano y social en cada comunidad donde se aplique el programa y mejorar la percepción de la seguridad en la ciudadanía.
Durante su intervención, Eunice Rendón, encargada de la coordinación de las instancias federales hizo hincapié en la importancia de alinear en la prevención de la violencia y la delincuencia, acciones de salud, desarrollo social, cultura y deporte, especialmente enfocados en la atención de los jóvenes.
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