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En la segunda audiencia pública para conocer la opinión de expertos, técnicos y profesionales del derecho, a fin de enriquecer la discusión y dictaminación de las iniciativas para la expedición de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, el senador Roberto Gil Zuarth, señaló que éstas se realizan para encontrar el mejor equilibrio.
Hoy sólo se analiza el contenido de dos iniciativas presentadas y llegarán más que se tendrán que revisar en su contenido y ponerlas en perspectiva, agregó.
Lo que animó a la Comisión de Justicia --expresó-- es el propósito común de tener pronto un Código Federal de Procedimientos Penales o un Código Único o Nacional, dependiendo del consenso político que defina un nuevo arreglo constitucional.
Además, informó que el Consejo Técnico que otorgará asistencia técnica a la Comisión para la celebración de las Audiencias Públicas y el análisis de las iniciativas a dictaminar, estará integrado por Mónica Castillejos Aragón, María de los Ángeles Fromow Rangel, José Nieves Luna Castro, José Antonio Caballero Juárez, Diana Cristal González Obregón, Rafael Estrada Michel, Miguel Sarre Iguíniz, Pablo Ojeda Cárdenas, Carlos Ríos Espinoza, Alejandro Ramírez Verdugo y Alonso Aguilar Zinser.
A su vez, el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, precisó que la iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados en la Legislatura pasada y expresó: “me parece que vamos muy tarde, la he traído aquí, hemos hecho modificaciones, pero se ha trabajado durante tres años con diferentes autoridades, organizaciones civiles y debiera ser la columna vertebral del Código Federal de Procedimientos Penales”.
Agregó, que se tendrán que modificar las leyes Orgánica de la Procuraduría General de la República, de Justicia Alternativa, entre otras, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer una vez aprobado el nuevo ordenamiento.
En tanto, el titular de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó su interés para que esta práctica de audiencias públicas se traduzca en una reforma que proporcione satisfacción tanto al Senado de la República como a la sociedad.
En su intervención, el doctor Rodolfo Félix Cárdenas, de la Secretaría del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, afirmó que lo ideal sería aprobar un Código de Procedimientos Penales único con reglas claras de competencia para que todas las entidades lo puedan aplicar.
Dijo que el proyecto propuesto por organizaciones sociales y presentado por legisladores del PAN y PRD pretende “sostener la figura del arraigo” y la libertad provisional bajo caución conforme al viejo sistema penal “y esto no tiene cabida” en un modelo acusatorio.
A su vez, Samuel González, consultor internacional de seguridad pública y delincuencia organizada, consideró que el nuevo ordenamiento debe garantizar los derechos de víctimas e imputados en un proceso equilibrado.
En este sentido, dijo, el modelo de la sociedad civil “cumple con todos los elementos, en términos generales, que establece la Constitución”.
Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, consultor especializado en el sistema penal acusatorio, señaló que la iniciativa de las organizaciones sugiere otorgarles fe pública a los agentes del Ministerio Público, pero esto “vulnera el principio de igualdad del debido proceso”.
Además, dicho proyecto “se adecúa poco” a los postulados de la reforma penal aprobada en 2008, ya que establece que el proceso se tiene que sustanciar bajo expediente y no bajo un régimen de audiencias.
Para Jorge Nadar Kuri, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, las dos iniciativas que se analizan plantean claramente la emisión de un Código Federal de Procedimientos Penales aplicable en toda la República, con independencia de los ordenamientos procesales que puedan expedir los estados.
Sin embargo, agregó, “debe aprovecharse la evidente intención del Senado de la República de avanzar en la implementación del sistema acusatorio adversarial y mirar hacia la unificación procesal penal”.
Por último, Fabio Valdez Bensasson, asesor externo de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, recordó que en el Pacto por México “se proyectó la urgencia” de desarrollar un código procesal único para todos los estados, bajo los principios del nuevo sistema acusatorio.
En este escenario, resaltó, la iniciativa del senador Pablo Escudero Morales se ajusta mucho más a lo que establece a la reforma constitucional aprobada por el Congreso, como una nueva manera de aplicar la justicia penal.
Desde el punto de vista del senador perredista Manuel Camacho Solís “nos estamos yendo por un método político inapropiado”, se comenzó por maximizar las diferencias políticas cuando lo que se necesita es establecer los criterios técnicos que permitan establecer las diferencias técnicas y después plantear las políticas.
Propuso hacer una “reunión en corto” para decidir si las dos iniciativas son incompatibles, si se pueden resolver, o si se trabaja en el enriquecimiento de una sola.
La senadora Arely Gómez González, por su parte, consideró viable la propuesta del senador Camacho, “podemos concretar en una audiencia cerrada”.
Tomando en cuenta las coincidencias y divergencias y que en relación con el Pacto por México se tiene un compromiso de partidos para sacar un Código Federal de Procedimientos Penales único, cuestionó cuál de las dos iniciativas puede tomarse como referencia y que tenga mayor posibilidad para ser el Código Único, conforme a los principios constitucionales del sistema acusatorio.
Al respecto, González Ruiz señaló que la suma de ambos puede ser un instrumento extraordinariamente rico, como se ha hecho en otros países.
A su vez, Rodolfo Félix, expresó que no se puede conciliar un documento únicamente porque uno tiene toda la investigación con valor de prueba y otro con valor de datos. No se puede conciliar un documento de esta naturaleza con el que “a mí me parece” es el más adecuado en el sistema acusatorio en el sentido de considerar que cuando se llega a juicio todo lo que fue prueba de inicio, en ésta ya no lo sea.
En tanto, la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del PRI, reflexionó si sería mejor tener un Código de Procedimientos Único para empezar -que es un gran paso- porque después se tendría que conciliar en las entidades federativas el que aceptaran un Código Penal Único y consideró que es más fácil empezar con la forma y después meterse a lo sustantivo.
Al dar respuesta, Rodolfo Félix Cárdenas apuntó que si se entra a un Código Federal es entrar al olvido de un Código Único. Además, considerando las prácticas buenas de los estados que aplican ya sistema acusatorio, precisó que prácticamente con las diferencias de cada uno ya se están aplicando como se han capacitado como tiene la propuesta del Partido Verde y no con la otra.
A su vez, Nader Kuri destacó que al hablar de una unificación penal se puede pensar que incluye cuatro ordenamientos: la codificación penal, la procesal penal, la justicia de adolescentes y la de ejecución de penas. Habría que definir alcance de la unificación penal y resaltó que es complicado avanzar dicha unificación porque los estados tendrían que definir sus delitos y penas por el daño concreto que causan a la sociedad.
Los estados deben conservar las atribuciones de definir sus delitos y penas. Lo único que se ganaría uniformando los procedimientos es cerrar el paso a espacios de impunidad que solamente se pueden aprovechar cuando hay una dispersión procesal.
La senadora panista María del Pilar Ortega Martínez preguntó a los expositores cómo abordan ambas iniciativas el tema de la eficacia de medidas cautelares y su cumplimiento y efectividad para evitar las llamadas “puertas giratorias” y si los proyectos a discusión retoman las buenas prácticas de entidades federativas que ya están en proceso en el sistema acusatorio.
Al respecto, Samuel González Ruiz recalcó que tanto la Corte Europea y la Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la prisión preventiva debe tener carácter excepcional y constar de tres elementos fundamentales: aplicada para la protección de la víctima o la sociedad, cuando se puede contaminar la investigación por un periodo de tiempo corto y para evitar la fuga y el proceso pueda continuar.
La Constitución mexicana, dijo, tiene una doble vía. Contiene dichos elementos pero agrega en su Artículo 19 otros elementos que tienen que ver con prisión obligatoria preventiva y otras causales, como precaución en el sistema procesal penal mexicano acusatorio.
Hay que tener cuidado, dijo, porque la reforma procesal penal mexicana tiene complejidades únicas del país. Si no se reforma el Artículo 19 se generará más prisión preventiva, “es la gran paradoja que tienen ustedes enfrente”, concluyó.
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