{audio}2013/boletines/mar/2013-03-06/1047.mp3{/audio}
Asociaciones banqueras y calificadoras de deuda pública consideraron “positivo” que el Congreso busque implementar controles que regulen el otorgamiento de créditos a estados y municipios, pero pidieron que se respeten los financiamientos que ya han sido contratados por esos órdenes de gobierno.
Lo anterior, durante la reunión que senadores sostuvieron con representantes de instituciones crediticias, de calificadoras y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la que analizaron las iniciativas que se han presentado para atender el problema de deuda pública en las entidades federativas.
Al respecto, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que la deuda pública vigente de estados y municipios “no representa problema alguno para las finanzas públicas”, pero su crecimiento y la situación particular que viven algunas entidades “hace urgente que se legisle en esta materia”.
En este sentido, reconoció que todas las iniciativas que se han presentado para regular el otorgamiento de créditos tienen grandes cualidades y coinciden en el tema de certidumbre.
Consideró que establecer ese elemento en el marco legal, permitirá reducir el costo de los financiamientos y se traducirá en la posibilidad de realizar inversión pública productiva a precios muy reducidos.
Por su parte, Fernando Borja, titular de la Comisión de Normatividad de la Asociación de Bancos de México, señaló que la nueva legislación no debe afectar los financiamientos que actualmente se tienen otorgados, por lo que la ley tiene que ser “muy clara” y precisar qué estados y municipios seguirán gozando de los créditos concedidos.
Asimismo, subrayó que la certidumbre y transparencia deben ser elementos fundamentales para el otorgamiento de crédito, pues es necesario que se conozca la situación de cada estado.
A su vez, Humberto Panti Garza, director de Fitch México, mencionó que es “muy positivo” el ambiente de consenso que existe entre los grupos parlamentarios para establecer mayores controles al endeudamiento subnacional.
Reconoció que no existe un problema generalizado de sobreendeudamiento; sin embargo, “estamos a tiempo de establecer medidas de control para que el financiamiento subnacional tenga un curso adecuado y sirva para el desarrollo de la población”.
En tanto, Víctor Manuel Herrera, director general de Standard and Poors, advirtió que en un plazo de 10 a 15 años una de las presiones que pueden tener algunos estados será el pago de pensiones a sus trabajadores.
Indicó que este problema se deriva de la falta de reformas a sus sistemas de pensiones, por lo que se podría volver “un dolor de cabeza” para las entidades federativas.
Para Alberto Ramos Suárez, presidente de HR Ratings, es importante que “no surja ninguna duda” de la inviolabilidad de la deuda actual y debidamente contratada entre instituciones privadas y entidades del sector público.
La violación de ese principio --opinó-- “podría afectar la percepción de los acreedores en cuanto a la fortaleza del marco legal y de esta manera dificultar el acceso al crédito futuro”.
En su turno, Bernardo González Rosas, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previó que el resultado de las iniciativas será la promulgación de leyes que fomenten el manejo prudente y sostenible de las finanzas estatales y municipales.
Carlos Orta, director regional de Desarrollo Regulatorio de la CNBV, dijo que esta institución ayudará --en el ámbito de su competencia-- a consolidar un registro en las sociedades de información crediticia que indique toda la deuda de los estados de la República.
Lo anterior, precisó, debido a que actualmente para una misma entidad federativa existen distintos registros y “no es posible ver de manera oportuna cuál es el endeudamiento total de ese estado”.
Al respecto, el senador priista Raúl Cervantes Andrade, quien encabeza la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que no se trata de un tema menor, por lo que se deben analizar detenidamente los asuntos constitucionales que se pretenden modificar para tratar de regular la deuda pública.
Para el senador priista José Francisco Yunes Zorrilla, titular de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, es necesario reflexionar sobre qué fue lo que falló en la planeación y en el análisis de la información.
El senador priista David Penchyna Grub cuestionó el papel que han desempeñado las calificadoras en este tema, pues “en un momento dado se otorgaron ciertas calificaciones y permitieron, bajo ciertos esquemas, continuar con una aventura que en muchas entidades y municipios ya es una mala historia”.
Por Acción Nacional, el senador Carlos Mendoza Davis opinó que no se debe satanizar el trabajo que realizan las calificadoras porque el problema es que el mercado no está controlando la deuda pública ni la medición de riesgo.
El senador panista Francisco Domínguez Servién expresó que está de acuerdo con la forma en que trabajan las calificadoras, a pesar de la información no transparente que les proporcionan los estados.
En su turno, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseguró que la reforma constitucional que se discute trascenderá “con mucho” las expectativas, pues significa un rediseño institucional.
Su compañera de bancada, la senadora Dolores Padierna Luna, acusó a las calificadoras de ser “laxas” y “omisas” al no anticipar riesgos y no advertir problemas de pago, así como en relación a la concentración de los bancos, pues Interacciones, Bancomer, Banamex y Banorte concentran el 70 por ciento del valor de todos los créditos otorgados.
También del PRD, el senador Mario Delgado Carrillo se dijo sorprendido porque la CNBV se ha negado a informar a cuánto ascienden los créditos contratados por estados y municipios, pues su respuesta ha sido que “la deuda pública está protegida por el secreto bancario”.
En tanto, el senador perredista Armando Ríos Piter dijo que esta es una de las reuniones “más ricas” en cuestión de contenidos y permitirá orientar los criterios sobre el tema de deuda pública.
En sus respuestas, Luis Robles Miaja, reconoció que hubo un problema de transparencia, pues “hoy no tenemos conocimiento nadie ni la Comisión Nacional Bancaria ni la Secretaría de Hacienda ni el Banco de México y, me atrevo afirmar, que en algunos casos ni los propios estados tienen un registro de cuánto se debe”.
A su vez, Alberto Ramos Suárez negó que las calificadoras sean “laxas” y aclaró que “no son auditores y no auditamos la información que nos dan”.
Explicó que estos despachos realizan sus estudios con los datos que les proporcionan, por lo que desconocen si esa información “no es transparente o no es adecuada”.
Por su parte, Bernardo González Rosas indicó que en la página web de la CNBV se publica la información mensual del endeudamiento total que tienen los estados y municipios con el sistema bancario.
--ooOOoo--
