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Con el objetivo de evitar que “la conducción irresponsable de la deuda pública quede impune”, el senador panista Carlos Mendoza Davis propuso que gobernadores y diputados de las legislaturas locales sean sujetos a juicio político cuando manejen indebidamente este tipo de créditos.
Al presentar una iniciativa para desarrollar un esquema de financiamiento aplicable a los tres órdenes de gobierno, el legislador dejó en claro que la administración inadecuada de las finanzas públicas pone en grave riesgo el bienestar y patrimonio de las generaciones futuras.
Por ello, explicó que uno de los ejes principales de la propuesta es otorgar la facultad al Congreso de la Unión para que pueda establecer criterios en materia de deuda pública en los diferentes órdenes de gobierno, toda vez que este tema es de importancia e impacto en toda la nación.
Asimismo, planteó que el Poder Legislativo sea quien apruebe los topes de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, mismos que en ningún caso podrán exceder su capacidad de pago.
En este sentido, subrayó que se busca evitar que una proporción alta o incluso la totalidad de la capacidad de inversión se destinen a pagar interés y capital de los financiamientos contratados con anterioridad.
Para ello, propuso que en la capacidad de pago de esos órdenes de gobierno se contemple que la deuda no exceda de la cuarta parte del monto total destinado a la inversión productiva.
Asimismo, plateó facultar a la Cámara de Diputados para que, a través de la Auditoría Superior de la Federación, fiscalice los recursos de la deuda mediante los informes y la cuenta pública que presenten los tres niveles de gobierno.
“En caso de que encuentre irregularidades o incumplimiento de las disposiciones aplicables a la deuda por parte de los servidores públicos deberá iniciar los procedimientos correspondientes para determinar y fincar las responsabilidades a que haya lugar”, precisó.
De igual manera, sugirió que el Senado de la República pueda conocer y supervisar los procesos de contratación, refinanciamiento, reestructuración y modificación de las condiciones de la deuda, así como de la emisión de bonos incluyendo organismos autónomos, empresas y fideicomisos con participación pública.
Para tal efecto --aclaró-- los senadores tendrán a su disposición toda la información necesaria y el apoyo técnico de las instituciones competentes para emitir su opinión dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la deuda por las dos terceras partes de los órganos legislativos locales.
Apuntó que de no cumplirse con los requisitos legales correspondientes, el Senado podrá objetar el monto, las condiciones de contratación y el destino del crédito.
Sugirió que mientras la Cámara de Senadores no emita su opinión, el gobierno federal, las entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, no podrán contratar deuda alguna.
Enfatizó que corresponderá a este órgano legislativo conocer y supervisar los casos en los que la Federación entregue apoyos financieros extraordinarios a las entidades federativas y municipios cuando éstos se destinen al cumplimiento de obligaciones económicas de cualquier índole.
Por otro lado, planteó la creación del Registro de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, a efecto de “disipar la opacidad en las declaraciones de los estados respecto a los recursos obtenidos mediante el endeudamiento y sea un indicador para medir la estabilidad de las finanzas públicas”.
Mendoza Davis hizo notar que la estabilidad del sistema financiero son condiciones fundamentales que deben ser incluidas en las políticas públicas como principios rectores de la actividad del Estado, a fin de lograr un desarrollo económico que permita a la población alcanzar mejores niveles de vida.
La iniciativa que busca reformar las leyes generales de Deuda Pública y de Contabilidad Gubernamental, así como las de Coordinación Fiscal, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.
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