Los senadores de la República suscribieron una Declaración con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde manifiestan su profunda preocupación ante la situación actual de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los defensores de derechos humanos y periodistas.
Asimismo, se comprometieron analizar las propuestas existentes y las emitidas durante el foro conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el propósito de adoptar leyes que protejan la labor periodística y de todo aquel individuo, grupo u organización, que se dedique a promover y defender los derechos humanos.
Al dar lectura al documento, el senador Carlos Navarrete Ruiz subrayó: “reconocemos que como legisladores tenemos la obligación de crear condiciones para garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, así como para prevenir y eliminar las violaciones a sus derechos humanos.
Los legisladores atenderán el informe preliminar de agosto pasado de los relatores de la ONU y OEA para la libertad de expresión, sobre la necesidad de implementar un mecanismo nacional de protección para periodistas y personas que defienden los derechos humanos.
En este sentido, el senador Navarrete anunció que todo está listo para que este lunes la reforma en materia de derechos humanos que se encuentra en la Cámara de Diputados suba a Mesa Directiva “y el martes podamos estar observando una votación que culmina el proceso legislativo iniciado en la Cámara de Senadores”.
Explicó que las juntas de coordinación política de ambas cámaras “hemos acordado que tan pronto en la Cámara de Diputados se apruebe el dictamen de la reforma constitucional, nosotros, aquí en el Senado subiremos al pleno un dictamen con otra reforma constitucional importante: la que determina con toda precisión en la Constitución el carácter laico del Estado mexicano”
En consecuencia --dijo-- con esta aprobación en la Cámara de Diputados se subiría también otro dictamen que, en los términos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, garantiza la libertad religiosa en el país
Los dictámenes sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos y libertad religiosa, estarán listos el lunes. “Quiere decir que el martes puede ser una gran jornada para el Congreso mexicano aprobando estos tres dictámenes”, apuntó.
Durante la clausura del foro conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Gerardo Gil Valdivia, director general de Planeación y Análisis de la CNDH, señaló que el fortalecimiento de éstos significa el reforzamiento del Estado democrático de Derecho, “y esa es una condición necesaria para el desarrollo político, económico y social sustentable”.
“Estamos empeñados en la Comisión Nacional, en implementar un proyecto de cultura de la legalidad para el fortalecimiento del Estado democrático”, asentó.
Previamente, en la mesa Agravio contra periodistas y la libertad de expresión, la directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Brisa Maya Solís, informó que durante 2010 las agresiones contra periodistas, comunicadores y medios tuvieron un alto nivel de violencia, dificultando el alcance de información y documentación de casos.
En este año se registraron 10 asesinatos y una desaparición, siendo los periodistas que hacen un trabajo local los más afectados; hecho que crea “zonas de silencio en las cuales cierto tipo de información no es publicada en los medios de comunicación o los periodistas ya no pueden, aunque tengan conocimiento de ella”, puntualizó.
Añadió que al no tener una respuesta clara por parte del Estado en materia de investigación y protección a periodistas, el mecanismo se hace indispensable, pero “debe tener un enfoque técnico, no político, tiene que contar con un lugar para salvar vidas, integrar a organizaciones civiles, presupuesto y no sólo voluntad entre las instancias que participan”.
Al hablar del periodismo y violencia en Colombia, Edelmiro Franco, destacó que el Gobierno de ese país creó un programa de protección a periodistas y comunicadores sociales que se encuentran en situación de riesgo o amenaza por causa del desempeño de su oficio.
El corresponsal de Notimex en aquella nación mencionó que actualmente 88 periodistas están bajo el esquema de protección y seguridad, además de que se manejan programas de alertas tempranas que buscan medidas y alternativas para ellos.
Se debe hacer un llamado a la sociedad en su conjunto a mantener la importancia de la libertad de expresión y de prensa, “decir no al miedo, no a la autocensura, sí a la verdad, sí a la solidaridad por la vida y por la libertad de expresión”.
Fernando Batista, Quinto Visitador General de la CNDH, resaltó que con el trabajo conjunto de autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, “más pronto que tarde se harán realidad los ideales de libertad y de justicia que se hicieron valer hace 200 años”.
En tanto al agravio a periodistas, refirió que de 2000 a la fecha se han registrado 66 homicidios en México, de los cuales sólo 15 por ciento han contado con una sentencia condenatoria, en comparación con Colombia que durante 30 años registró 136.
Anunció que lo más grave es el grado de impunidad que priva con relación a esos atentados, con las desapariciones, que son 12 de 2005 a la fecha y 18 atentados en perjuicio a medios de comunicación en el mismo periodo, todos ellos sin sentencia condenatoria.
En la mesa de análisis Los derechos humanos, a 62 años de la Declaración Universal, la senadora Adriana González Carrillo, del PAN, dijo que el Senado tiene la tarea de armonizar en la legislación nacional los tratados y convenciones internacionales que México ha ratificado para asegurar el pleno respeto a los derechos humanos.
Agregó que en nuestro país hay avances, “no han sido los que quisiéramos ni los suficientes, pero el nuestro se mueve hacia un mayor reconocimiento y apertura” al escrutinio mundial en la materia.
Por el PRD, la senadora Claudia Sofía Corichi García expresó que la situación de inseguridad que vive México genera confusión e incertidumbre, porque pareciera que el respeto a los derechos humanos no es importante.
Sin la elemental garantía de los derechos humanos, enfatizó, “no podemos pensar siquiera que a futuro tendremos un mejor país o que realmente podemos cambiar como nación”.
En opinión de Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal ha reconocido las recomendaciones realizadas por organismos internacionales y asumido el cumplimiento de resoluciones, pero “todavía es necesario cambiar patrones culturales de violencia, corrupción e intolerancia”.
El ejercicio de los derechos no debe ser un tema pendiente, “somos un gobierno consciente de que se cometen violaciones a derechos humanos, sabemos reconocer la gravedad de la situación y la importancia de confrontar fenómenos delictivos más complejos como la trata de personas”.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que “todos podemos ser defensores, pero no debemos esperar la desgracia y desdicha para empezar a serlo”.
Dijo que a partir de este día se implementará una campaña permanente para “defender a los defensores de los derechos humanos”, sobre todo a aquellos que trabajan en contra de la discriminación.
La señora Isabel Miranda Torres de Wallace, premio nacional de Derechos Humanos 2010, resaltó que “mientras un país no esté bien gobernado no importarán las leyes ni sus costumbres, ya que no existirían condiciones para que exista la libertad”.
En el caso de México donde existe un índice de impunidad de 98.5 por ciento de los delitos, desilusión hacia los partidos políticos y miedo generalizado a salir a la calle por la posibilidad de ser víctima del delito, “podemos concluir que en todos los órdenes de gobierno en algo estamos fallando”.
Al participar en la mesa Hacia un mecanismo nacional de protección de las y los defensores de derechos humanos, la senadora Rosario Ybarra de la Garza, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, alertó que el mayor problema de los derechos humanos es la militarización del país.
“Prácticamente estamos en un Estado de excepción, pues se declara un estado de guerra, pero sin recurrir a los mecanismos constitucionales para hacerlo”.
Indicó que en México no sólo se padece el fracaso inducido de las leyes para reguardar los derechos humanos, sino la simulación del respeto hacia los mismos.
Opinó que el peligro para el país no es la delincuencia, pues “esa sólo es la premisa de quienes lo ven como manto para cubrir el mal ejercicio de su encargo” sino corrupción.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que México es campo minado para los defensores de los derechos humanos por los conflictos sociales, la complicidad entre funcionarios y delincuencia organizada, la violencia e impunidad y la falta del funcionamiento institucional.
“Las prácticas autoritarias, excesos de poder, vulneración de derechos no se cambian por decreto; su revisión implica un proceso largo al que fuertes intereses se oponen”.
Es largo el proceso de construcción de solidaridad y generación de una cultura de derechos humanos, agregó.
Mencionó que en 2010 se incrementó el hostigamiento, amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos, así como el alto grado de impunidad a éstas.
En tanto, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que el país no cuenta con mecanismos ni políticas públicas adecuadas para reducir los riesgos de los defensores de derechos humanos.
Esta valoración, dijo, “no es consecuencia de un análisis de escritorio, sino de un aprendizaje doloroso”, por lo que cualquier iniciativa que atienda los riesgos de los defensores debe contener dimensiones de prevención, protección e investigación.
Agregó que la Federación elude sus responsabilidades, al delegarlas a los gobiernos estatales, en donde priva una visión policial en el diseño de acciones de reducción de riesgo y se minimiza la relevancia de la investigación en las amenazas, y se pone en tela de duda la veracidad de la situación presentada por los defensores.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, denunció que la falta de medidas de protección del Estado Mexicano dirigidas a defensores de derechos humanos los sitúa en un alto riesgo y llamó a que no se haga del diagnóstico que se tiene en la materia algo “estéril”.
Declaró que el problema en la violación de los derechos humanos no está en la falta de un diagnóstico, ni de iniciativa para generar propuestas, sino de mecanismos de protección de defensores y rendición de cuentas del sistema justicia.
Por su parte, Luisa Pérez, del área jurídica de la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que de los 37 casos de agresión a defensores de derechos humanos, documentados de octubre de 2009 a septiembre de 2010 por esa oficina, en 91 por ciento existió impunidad.
Esta situación, dijo, es preocupante, pues mientras no se logre una efectiva investigación se envía un mensaje de que estos actos serán tolerados; de ahí la importancia de contar con un mecanismo de protección por parte del Estado.
En lo que va de 2010 han asesinado a cinco activistas: dos en Oaxaca, dos en Chihuahua y uno más en Chiapas, y existe otro caso de una defensora desaparecida en Chihuahua, reveló.
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