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Con 97 votos a favor, tres en contra y una abstención, el Senado aprobó el dictamen por el que se establece la obligación de que las convocatorias a licitación pública contengan, entre otros requisitos, el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en la construcción que realicen.
De acuerdo con el proyecto, que reforma el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicha convocatoria también deberá incluir la información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse, así como criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos.
Al presentar la propuesta, el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el senador Héctor Larios Córdova aclaró que dicho porcentaje “no tiene un rango” determinado.
Precisó que “no se trata de cambiar los métodos de ejecución” sino que, de acuerdo con el grado de especialización de la mano de obra requerida y su disponibilidad en la región, se establezca un rango mínimo para su empleo, ya que actualmente no existe ninguna obligación para que se emplee preferentemente la fuerza de trabajo local en las obras públicas.
En opinión del senador priista Óscar Román Rosas González, la reforma obligará a las empresas que deseen participar en todos los procesos de adjudicación de obra pública a considerar, dentro de su propuesta, el porcentaje de mano de obra local que emplearían de resultar favorecidos con la licitación.
Del mismo modo, dijo, “induce al sector empresarial para que a través de sus distintas empresas e industrias volteen la mirada hacia los recursos humanos locales”.
Por su parte, el senador panista Raúl Gracia Guzmán señaló que con esta reforma “vamos en un contrasentido a lo que hemos legislado”, pues incentivará la discriminación en la contratación de trabajadores.
A su vez, el senador Víctor Hermosillo y Celada, también del PAN, consideró que el dictamen no es claro y provocará que se incremente el costo de las obras.
Además, su compañero de fracción, senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela afirmó que con esta medida “volveremos a las ínsulas estatales que empezarán a generar protecciones al empleo local en contra del trabajo nacional de otras entidades federativas”.
Para el senador Armando Ríos Piter, del PRD, la iniciativa permitirá mejorar las condiciones para que la obra pública en los estados genere empleo y ayudará a disminuir “el flagelo de la corrupción”.
Su compañero de bancada, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, agregó que la modificación “es un acierto” para que se resuelva el reclamo de que se contemple la mano de obra local en construcciones públicas.
El proyecto de decreto se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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