La terna de candidatas para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compareció este jueves ante las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
Elvia Rosa Díaz de León D´hers, Lilia Mónica López Benítez y Andrea Zambrana Castañeda, aspirantes a cubrir la vacante generada con motivo del fallecimiento del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, respondieron las preguntas de los senadores para ofrecer mayores elementos de juicio.
Los senadores cuestionaron sobre la utilización de las figuras del arraigo, testigos protegidos, la ley federal para enjuiciar a los adolescentes y la cadena perpetua, así como la transición al sistema de justicia penal oral, aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo.
Por el PRI, el senador Jesús Murillo Karam manifestó que en el procedimiento el Senado tiene una participación muy relativa, ya que si no aprueba a alguien en la primera oportunidad, en la segunda lo tiene que hacer, pero si en ésta no se decide, la decisión quedará en el ámbito del Presidente.
“Se establece que el Senado tiene 30 días improrrogables para definirlo, ¿cómo contamos los 30 días?, pero si nos manda la terna no 15 días antes, como en este caso, sino tres días antes, de entrada ya puede nombrar a quien quiera”. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?, cuestionó.
El senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, destacó que el proceso para ratificar la terna de candidatas se realizó en un tiempo corto, aún cuando el cargo es el más alto dentro del Poder Judicial de la Federación.
Solicitó a las candidatas su opinión sobre el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como las figuras del arraigo y los testigos protegidos.
En opinión del senador Tomás Torres Mercado, del PRD, no habrá presupuesto suficiente para cubrir la estructura del Poder Judicial Federal, con la dinámica de crecimiento de sus funciones.
Con la Ley federal para enjuiciar a los adolescentes, advirtió, el año que viene tendremos necesidad de una estructura paralela de jueces de distrito y magistrados especializados.
También pidió el punto de vista de las entrevistadas sobre la posibilidad de reducir la edad legal de 18 años para el enjuiciamiento de adolescentes, así como la pena de prisión para menores por periodos más allá del cumplimiento de dicha edad.
El senador Fernando Elizondo Barragán preguntó ¿cuál es el reto, oportunidad e implicaciones de la transformación del sistema de justicia penal hacia el de justicia acusatorio oral?
Por su parte, el senador del PVEM, Arturo Escobar y Vega, señaló que “vivimos una realidad de delincuencia organizada brutal, donde lamentablemente los motores del crimen organizado están dirigidos hacia los jóvenes, niños y adolescentes que hay que atender.
Además, pidió la opinión sobre la figura del arraigo, porque “creo que el Ministerio Público Federal ha abusado de esta figura. En el caso del Michoacanazo, agregó, es increíble que jueces obsequien órdenes de aprehensión, se dicte el auto de formal prisión y meses después los autos de libertad, vía el amparo".
En su intervención, la magistrada Elvia Díaz de León dijo que el combate a la delincuencia organizada “hace necesario que nuestros jueces y órganos de impartición de justicia se encuentren apoyados con leyes e instrumentos que nos permitan llevar a cabo esta delicada función que se nos ha encomendado”.
Sobre el aborto expresó que “los actos que llevan a cabo los particulares no pueden violar garantías, pues están relacionados con la conducta que cada persona quiere realizar”.
Dijo que en la Constitución “no se señala la existencia de la cadena perpetua, pero con las penas que hoy tenemos para algunos delitos, prácticamente se puede hablar de que tenemos esta figura.
Subrayó que el problema de la delincuencia juvenil es un muy grave para el país, pero recluir a los infractores menores puede servir para reinsertarlos a la sociedad sólo sí tienen la posibilidad de aprender un oficio o estudiar, o “agrandar sus conocimientos” delincuenciales.
Respecto al sistema oral aseguró que el país está necesitado de una justicia más transparente y que la sociedad perciba tanto la víctima como al que está siendo señalado como presunto responsable de un delito están en igualdad de condiciones en el proceso.
A su vez, Lilia Mónica López Benítez asentó que México requiere de juzgadores constitucionales con sensibilidad, decididos a que prevalezca la Constitución por encima de cualquier otro interés.
Sobre el aborto aseveró que “todos los mexicanos estamos a favor del respeto a la vida; sin embargo, creo también en el respeto a la autodeterminación y en la libertad del ser humano a tomar sus propias decisiones, así como en la libertad u obligación del juzgador para analizar cada asunto, caso por caso.
Agregó que en materia de justicia se requieren nuevos instrumentos operativos para el combate al crimen organizado, pero el arraigo y los testigos protegidos “no son los ideales”.
Lo ideal, añadió, sería contar con una policía de investigación y científica que no requiriera de estos elementos para integrar correctamente una averiguación previa, ponerla a la potestad del juzgador y que él determine.
“La figura de testigos ha provocado muchos problemas, no ha sido la panacea que se esperaba; sin embargo, existe y para que sea útil en el combate contra el crimen organizado, necesitamos crear un programa donde se valore la información que tiene la persona y a partir de ahí determinar las garantías que se otorgarán”.
Además se pronunció por dotar de autonomía a la Procuraduría General de la República para la profesionalización de la policía y de los peritos, a fin de que seas más eficientes; “eso es lo que está esperando la sociedad”.
Por último, Andrea Zambrana Castañeda mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ser garante de los derechos humanos, pues “de nada nos serviría tener un catálogo infinito de derechos, si como poder judicial no somos capaces de tener medios efectivos para hacerlos valer”.
En este sentido, dijo que las reformas en materia de derechos humanos amplían la competencia del poder judicial.
Señaló que el problema de seguridad nacional en la que vivimos nos atañe a todos y hay que diferenciar la responsabilidad que le corresponde a cada órgano de gobierno.
Agregó que el punto central en la política de seguridad pública tiene que ver con la transformación del Ministerio Público, su capacitación y su conversión en un órgano mucho más técnico con capacidades de perito y la implementación de los sistemas orales.
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