El Senado de la República aprobó con 86 votos a favor las acciones colectivas, como el mecanismo que permitirá hacer valer en una controversia los derechos e intereses colectivos y evitar que hechos violatorios de las leyes queden impunes.
Las reformas dan sentido práctico al principio de “acceso a la justicia” y pueden ser catalizadores de la vida social que inhiban prácticas ilegales, mejoren y eleven la competencia y al final sirvan para que los ciudadanos y los consumidores accedan a mejores bienes y servicios públicos o privados.
Además, reconocen el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses, lo que obedece a la condición de desventaja en que se encuentran como individuos frente a los actores con los que interactúan en la dinámica del mercado.
En el dictamen los senadores resolvieron que la acción colectiva podrá promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y de medio ambiente, y contra los servicios financieros que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas.
De igual forma, estimaron que con las reformas se busca reconocer las garantías fundamentales establecidas en la Constitución; “no sólo los derechos individuales sino de los nuevos derechos colectivos, también llamados de tercera generación”.
Con este dictamen se crea un nuevo título tercero denominado De las acciones colectivas, perteneciente al libro tercero titulado Procedimientos Especiales del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Reforma siete códigos y leyes que tienen que ver con procedimientos civiles, competencia económica, protección al consumidor, equilibrio ecológico y medio ambiente y servicios financieros.
Al abordar el tema, el senador panista Alejandro Zapata Perogordo señaló que con el proyecto se implementan libertades y derechos a favor de la sociedad, ya que por primera vez en la historia nacional se tratan derechos humanos que no se habían reconocido en el país: los colectivos.
Además, se define el procedimiento para que éstos se hagan efectivos, con lo que se avanza y se marca un parteaguas en la vida jurídica nacional para la protección de los derechos humanos a través de los grupos de carácter social.
Destacó que la Ley regula los procedimientos judiciales, los mecanismos de reparación del daño y se protegen los derechos de los consumidores contemplados en diversos ordenamientos.
Por el PRI, el senador Jesús Murillo Karam, manifestó que finalmente se corona el esfuerzo realizado durante dos años de negociaciones, con todas las partes: academia, abogados, consumidores, empresas e involucrados.
El senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, manifestó que se da una base reglamentaria y operacional a un derecho constitucional nuevo, a través del cual de manera colectiva se puedan realizar acciones de protección de intereses colectivos por la vía del interés difuso o del de una comunidad.
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