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Senadores ratifican nombramiento de Manuel Mondragón y Kalb, propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto, para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad por cumplir con todos los requisitos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad Meneses, anunció en entrevista que el asunto subirá mañana al Pleno del Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación.
Integrantes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública cuestionaron a Manuel Mondragón y Kalb sobre los alcances de la Gendarmería Nacional, la situación de los centros penitenciarios y los grupos de autodefensa.
En su intervención, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, de Acción Nacional, expresó que nadie puede disentir de los objetivos generales planteados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pero para que éste sea eficaz deberá ofrecer mecanismos tangibles para cumplir sus metas.
Una adecuada estrategia, dijo, debe incluir las acciones y mecanismos concretos para reducir la violencia y recuperar la paz y tranquilidad de las familias.
Sobre la propuesta del mando único policial, el senador perredista Armando Ríos Piter expresó su preocupación porque no se le ha puesto el énfasis necesario al fortalecimiento de la policía municipal, pues no se atenderá el problema de las extorsiones, secuestros y cobros de piso, “que son la realidad territorial que impera”, con decisiones que se tomen de “arriba hacia abajo”.
Además, solicitó la opinión del funcionario respecto de los grupos de autodefensa establecidos en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Oaxaca en contra de la delincuencia organizada.
En su turno, el senador Luis Armando Melgar Bravo, preguntó a Mondragón y Kalb sobre la naturaleza de la Gendarmería Nacional propuesta por el titular del Ejecutivo federal y si este organismo se mantendría como una fuerza especial del Ejército similar al Estado Mayor Presidencial.
Para la senadora Ana Gabriela Guevara, del PT, la profesionalización de las fuerzas policiacas se debe complementar con el trabajo de otras áreas de gobierno, a fin de que en el combate al problema de la inseguridad “no todo sea combativo, sino preventivo”.
A nombre de Nueva Alianza, la senadora Mónica Arriola Gordillo solicitó información sobre las garantías de que el andamiaje institucional sirva para darle celeridad y efectividad a las políticas públicas en materia de seguridad y “no se convierta en un mecanismo vertical del ejercicio contundente de la fuerza pública”.
Por el PRI, la senadora Graciela Ortiz González subrayó que uno de los aspectos que deben aclararse es la implementación del mando único policial: si será necesaria una reforma al artículo 115 de la Constitución para que tenga sustento o sólo la suscripción de un convenio entre órdenes de gobierno.
“No alcanzo a dimensionar cómo habremos de dejar a los municipios, en cuyas atribuciones está lo de la prevención en materia de seguridad pública”, resaltó.
En su respuesta, Mondragón y Kalb aclaró que la Gendarmería será una “policía de proximidad”, que SE encargará de los delitos del fuero común y “vamos a ver cómo se integra en forma precisa al mando único estatal”.
Reconoció que en los Centros de Rehabilitación Social (CERESOS) “hay puntos de partida de extorsión y secuestro, donde la mafias persisten” y esta situación no podría descartarla 100 por ciento en las cárceles federales.
Dijo que el tema de los grupos de autodefensa “amerita un profundo estudio” para saber qué se debe hacer ante este fenómeno y por qué ocurre.
En otra ronda de preguntas, el senador panista Javier Corral Jurado dijo que la ratificación de Mondragón y Kalb por el Senado “ni es mezquindad ni regateo” sino un control democrático, pues existe “desconfianza” por la fusión --en una misma secretaría-- de las atribuciones de seguridad pública y la interlocución del gobierno con la oposición, lo que “nos hace recordar a la oprobiosa Dirección Federal de Seguridad”.
A su vez, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez aclaró que esta comparecencia se realizó en función del ordenamiento vigente y el Ejecutivo no tiene por qué valorar la controversia constitucional que interpuso el PRI al respecto, pues “está obligado a cumplir con la ley” y este órgano legislativo ejercerá plenamente su facultad de control democrático.
Por último, el senador priista Gerardo Sánchez García cuestionó al funcionario sobre la situación en la que se encuentra el sistema penitenciario federal y qué reformas son necesarias para mejorar su desempeño.
También reconoció que en los Centros de Rehabilitación Social (CERESOS) “hay puntos de partida de extorsión y secuestro, donde la mafias persisten” y esta situación no se podría descartar al 100 por ciento en las cárceles federales.
Dijo que sin ser demasiado optimista o triunfalista, se cuenta con un buen sistema de custodios, de supervisión, de control e ingresos y expresó su disposición para que se realice una supervisión continua y externa a los centros de reclusión y una auditoría permanente, a efecto de conocer cualquier falla y corregirla lo antes posible.
Asimismo, manifestó que el tema de los grupos de autodefensa “amerita un profundo estudio” para saber qué se debe hacer ante este fenómeno y por qué ocurre.
Del mismo modo afirmó que “aún hay un gran camino por delante para precisar las funciones del mando único estatal.
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