Senado de la República

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El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, aseguró que si el Senado de la República decide crear una comisión que se encargue de la lucha contra la corrupción y la promoción de medidas preventivas, ésta no interferirá o duplicará la labor de la ASF.
Asimismo, consideró que una nueva entidad anticorrupción no resolverá por sí mismo este problema, pues existen otros elementos que deben ser tomados en cuenta como los órganos internos de control o las auditorías preventivas.
Portal Martínez expresó lo anterior en una reunión con senadores integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, sostuvieron con funcionarios de la Procuraduría Fiscal, de la PGR y de la Función Pública para intercambiar puntos de vista sobre la reforma que se prepara en esta materia.
En este sentido, recomendó a los legisladores definir legalmente el concepto de corrupción, establecer una tipificación precisa y dejar en claro que la autoridad que audita debe ser independiente y autónoma de quien es sancionado, a fin de evitar cualquier indicio de conflicto de interés.
De igual forma, agregó, se deben aplicar sanciones administrativas para los servidores públicos que no cumplan, por lo que la nueva entidad encargada de ello tiene que estar blindada de “influencias externas”.
Además, tendrán que dotarla de un marco legal que le atribuya alcances suficientes de investigación, acceso a la información y plazos razonables para desahogar sus funciones.
En su opinión, uno de los aspectos más importantes es que las auditorías y controles internos tengan “un peso mucho mayor del que hasta ahora han tenido para hacer frente a las demandas ciudadanas de una gestión gubernamental sin incentivos para generar corrupción”.
El auditor insistió en que la lucha debe conceptualizarse como una política integral de gran alcance y sistemática, cuya cobertura incluya al conjunto administrativo del país.
Dijo que la experiencia ha demostrado que las actividades y controles implementados en un lugar y tiempo determinados “tienen un solo impacto limitado si se encuentran desvinculados de una estrategia transversal que haga posible una evaluación periódica”.
Bajo esa premisa --puntualizó-- la ASF se pronuncia por sumar esfuerzos institucionales y generar una articulación adecuada entre los organismos ya implementados con los de nueva creación para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad en el uso de recursos públicos.
A su vez, Javier Laynez Potisek, procurador Fiscal de la Federación, manifestó que los órganos internos de control han “entorpecido y paralizado” la acción gubernamental porque el marco jurídico vigente es “sumamente defectuoso” y sólo establece una serie de deberes para los funcionarios públicos.
Sin embargo, estimó conveniente que el órgano fiscalizador se encargue sólo de la responsabilidad administrativa, pues llevar la parte penal significaría crear una “procuraduría bis” y se tendría que dotarla de ministerios públicos con capacidades de investigación y un despliegue en territorio nacional.
Por su parte, Mariana Benitez, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, advirtió que si se faculta con el ejercicio de acción penal al órgano anticorrupción se trastocaría el modelo de seguridad pública y de procuración de justicia.
Mencionó que no por darle esa función se asegurará la eficacia o el exacto cumplimiento de su tarea, y por eso, “hay que pensar bien cuáles son las facultades que se pretende dar a este órgano, de tal forma que pueda cumplir con sus funciones”.
En tanto, Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, estimó muy importante definir los campos de competencia del nuevo organismo, pues se requiere “hacer una división entre responsabilidades administrativas graves y no graves”.
Hizo notar que la comisión anticorrupción deberá “quedarse” con una de esas funciones y los órganos de auditoría preventiva con otra.
Posteriormente, se dio paso a las intervenciones de los senadores y a una ronda de preguntas y respuestas.
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