Senado de la República

{audio}2013/boletines/feb/2013-02-05/0843.mp3{/audio}
Senadores integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, cuestionaron a servidores públicos del Poder Ejecutivo sobre el andamiaje constitucional actual en materia de corrupción y la responsabilidad de los servidores públicos.
Sobre las iniciativas que se están analizando en el Senado para prevenir, perseguir y evitar la corrupción en el país, el senador priista Raúl Cervantes Andrade señaló que uno de los elementos fundamentales de la política será generar incentivos que eviten las conductas y no sólo lo relacionado a la persecución.
Al hacer uso de la palabra, la senadora panista Laura Rojas Hernández refirió que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Intencional coloca a México en el lugar 105, evaluados con 34 puntos de 100, junto a Argelia, Armenia, Bolivia, Mali y Filipinas. “Un lugar que me parece que no corresponde al desarrollo democrático alcanzado en otros ámbitos, ni al reconocimiento que se tiene en otras temas en el exterior”, calificó.
Además señaló que informes recientes de la implementación de instrumentos internacionales como la Convención Anticohecho de la OCDE, revelan que México no está tan mal en el marco legal. No es, dijo,  un problema de reglamentación sino de aplicación de la norma de impunidad y de falta de confianza en las instituciones, especialmente del Ministerio Público.
Al respecto, cuestionó a los funcionarios sobre las acciones de la Procuraduría General de la República para combatir la corrupción en ministerios públicos y cómo fortalecer la acción penal en el Ministerio Público.
Ante la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, pidió, además, información sobre cómo rehacer el vínculo entre los actores del proceso administrativo.
En tanto, el senador Armando Ríos Piter, del PRD, destacó la falta de credibilidad institucional en el país, donde la percepción ciudadana es que el sistema en su conjunto no está funcionando y que gran parte del problema es la corrupción.
Destacó que se debe pensar en la construcción de un marco democrático que garantice una sana rendición de cuentas, donde cada peso que gasta un ciudadano tenga una exigencia para que se utilice en beneficio de la sociedad, a través de los impuestos.
Asimismo, señaló que no se deben revisar solamente las tres iniciativas presentes en la comisión sino todas las presentadas en su conjunto sobre el tema, porque hay que eficientar el gasto público, establecer la rendición de cuentas y combatir de frente a la corrupción.
Tenemos que ir a un planteamiento de fondo que rebase los lugares comunes y la visión conservadora respecto del marco institucional, por lo que se debe crear un sistema nacional de fiscalización que renueve la lógica de tratamiento a través de tribunales especializados, que dé eficiencia al seguimiento del gasto y que proporcione a la ASF mejores instrumentos en términos de participación de evaluación del gasto.
Y por otra parte, la creación de una Agencia o Comisión Anticorrupción que verdaderamente “tenga dientes”.
En tanto, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez reconoció que existe corrupción tanto en la sociedad como en las instituciones que además, lacera la administración y la vida pública del país.
En el mismo sentido, destacó que lo que hasta ahora se ha diseñado institucionalmente para combatir la corrupción no ha funcionado  y se debe asumir como tal.
La discusión que se tiene que hacer es cómo aplicar un conjunto de reformas legales que permitan prevenir y terminar con la corrupción, porque los datos son contundentes.
En las tres últimas décadas, cuestionó,  cuántas denuncias penales han prosperado contra servidores públicos por corrupción, “la respuesta, es el mejor indicador de cómo están las cosas”.
Para responder a los legisladores, la subprocuradora jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, coincidió en que hay un “grave escepticismo” respecto de las  instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del país, así como gran impunidad que no se ha combatido.
Además, aseguró  que  la Procuraduría  está inmersa en un proceso de diagnóstico con el fin de hacer una reestructura. “La Procuraduría fue una de las instituciones más olvidadas y más descuidadas en los años anteriores aun cuando es pieza fundamental en cualquier estrategia de seguridad y justicia y de generar Estado de Derecho en cualquier país”, resaltó.
La verdad, dijo, no creo que se tenga que dar el tiro de gracia a la Procuraduría, no es lo ideal sino pensar en una solución firme, transparente y donde los actores involucrados instrumenten acciones para fortalecerla.
Nosotros vamos por la reforma profunda de la PGR y queremos que en unos años, lejos de estar discutiendo lo mal que funciona el Ministerio Público, se analice cómo fortalecerlo y generar facultades en lugar de debilitarlo.
El  secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, aclaró que la especialización es el mejor camino; sin embargo, “estamos lejos de llegar a eso”, por cuestiones presupuestarias y de crecimiento”.
Además, señaló que ya se tienen órganos especializados en la materia, que son los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito en materia penal, tanto de amparo como de proceso penal, lo que no hace necesaria la subespecialización.
Además, Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, respondió a la senadora Rojas Hernández con relación a la desaparición de la dependencia, que las principales funciones de desarrollo administrativo se transferirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Respecto al comentario del senador Encinas Rodríguez, destacó que son 259 las denuncias presentadas y se comprometió a precisar el estado en el que se encuentran.
En tanto a los avances contra la corrupción, dijo sentirse insatisfecho con los logros; “hay avances pero no cubren nuestras expectativas”.
Por otra parte, Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la Federación de la SFP, señaló que la parte administrativa nunca fue exitosa ni como preventivos ni como sancionadores, “al menos por la vía administrativa, hay que adecuarlo”. No se crearon auténticas unidades preventivas en  materia de corrupción y perspectivas en el ámbito administrativo, detalló.
Finalmente, Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, consideró que hay un “enorme trabajo por hacer”, independientemente del órgano que se vaya a crear.
Hay que crear una cultura de legalidad del país, insistir en transparencia y rendición de cuentas, porque se tienen órganos internos de control que no funcionan, que no tienen perfiles.
“Hemos dado en la torre a la evaluación de control, donde hay mucho quehacer, se tienen que mejorar los procesos, evaluar el control, hacerse responsables de las propias tareas”, concluyó.
--oo0oo--