Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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altEl Senado aprobó con cambios la minuta que modifica los artículos 3 y 73 de la Constitución, para elevar la calidad de la educación, a través del servicio profesional docente y evaluación nacional para el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo.
El dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales, Educación, y Estudios Legislativos, Segunda, se aprobó en lo general con 113 votos a favor y 11 en contra.
En lo particular los senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter y Fernando Mayans Canabal, del PRD, así como Manuel Bertlett Díaz, del PT, plantearon ocho reservas a los artículos 3, 73, segundo transitorio y quinto transitorio que no fueron aceptadas por asamblea.
Sin embargo, el pleno respaldó la propuesta de la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del PT, para que se fortalezca la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que correspondan, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos.
Además, para propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
Los senadores incorporaron a la propuesta de la Cámara de Diputados establecer en el texto constitucional el derecho de los mexicanos a recibir una educación de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro de los educandos.
De esta manera, precisaron, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura e idoneidad de los docentes y directivos coadyuven al máximo logro de aprendizaje de los estudiantes.
Además, consideraron que en la determinación de planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria y normal, el Ejecutivo considere  la opinión de los maestros.
A fin de garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, incorporaron a la reforma la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Del mismo modo, sugirieron que los integrantes del INEE puedan ocupar su cargo hasta por un máximo de 14 años.
La reforma dispone que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión de la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
La ley reglamentaria, se agrega en el dictamen, fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.
Además, serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones de educación superior autónomas.
El INEE será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que le corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Además, establece que el Ejecutivo federal presente una terna para cada uno de los miembros del Instituto y que el Senado proceda a su asignación en un plazo de 30 días naturales con una votación calificada de las dos terceras partes.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el Congreso tendrá la facultad para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.
Al fundamentar el dictamen, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, titular de la Comisión de Educación, explicó que se modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados, a fin de incorporar el derecho constitucional a recibir una educación de calidad.
Hizo notar que la enmienda determina los procesos de calidad en la educación a través de dos rasgos: “uno es el sistema profesional docente y el segundo la creación de un Sistema Nacional de Evaluación”.
Además, precisó, se regula el trabajo universitario y estipula que la autoridad implementará los procesos correspondientes de ingreso, permanencia y promoción del personal académico.
Señaló que el sistema de evaluación estará encargado de determinar el mecanismo para evaluar al personal académico, el cual “puede tener consecuencias”.
Por otro lado, reconoció que la reforma educativa es un “proceso inacabado”, por lo que es necesario que el Congreso siga trabajando en aspectos de leyes reglamentarias, políticas públicas y en otros ámbitos.
Al fijar la postura del PRI, la senadora Mely Romero Celis aseguró que con la aprobación de esta reforma se consigue el primero de “los grandes logros” del Pacto por México, que beneficiará a millones de estudiantes en el país, pues moderniza, democratiza y fortalece el sistema educativo.
Indicó  que el objetivo principal es elevar la calidad de la educación, mediante la competitividad y equidad, a fin de colocar a nuestro país “en la senda del progreso y del desarrollo”.
Consideró que este es un momento fundamental para iniciar “todo el conjunto de cambios que se realizarán para garantizar un mejor futuro a las próximas generaciones de mexicanos”.
Por el PAN, el senador Javier Corral Jurado indicó que no es la “reforma ideal que todos quisiéramos”, pero con ella se avanza en los propósitos renovadores en esta materia, por lo que el reto seguirá en las leyes reglamentarias.
Pidió a los académicos no dejarse engañar y ser los primeros en tomar conciencia de los “beneficios” de esta enmienda “porque el verdadero maestro no le tiene miedo a la evaluación educativa”, ya que su talento será el único criterio para tomarse en cuenta y no las lealtades político-partidistas, grupales o corporativas.
Expuso que la reforma logra estructurar tres ejes fundamentales que son: la calidad de la educación, la carrera magisterial y la evaluación,  que servirán “para corregir las políticas públicas en materia de enseñanza”.
En tanto, el senador perredista Raúl Morón Orozco defendió el trabajo que desarrollan los maestros en la educación, pues son los actores principales del cambio social y en ellos recae la responsabilidad de sentar bases sólidas para un buen desarrollo individual y colectivo.
Rechazó que ellos sean los responsables de frenar las grandes transformaciones que requiere el país y “tampoco son los culpables del rezago en materia de calidad educativa”.
Manifestó que se ha analizado con responsabilidad la reforma educativa porque se trata de un asunto de Estado “de la más alta trascendencia”, pero “no es una reforma de gran calado, aunque se haya ventilado ante la opinión pública como tal”.
Por el PVEM, el senador Gerardo Flores Ramírez afirmó que esta reforma honra uno de los compromisos incluidos en el Pacto por México y garantiza “una mejor formación de los niños y jóvenes con niveles de calidad educativa”.
Este proyecto --añadió-- representa un gran paso para logar que la enseñanza sea mucho más competitiva a nivel mundial, lo cual redundará en un mayor bienestar para los mexicanos y en niveles superiores de desarrollo.
“Nos corresponderá después hacer nuestra tarea para que el marco jurídico que regula las evaluaciones de la educación se armonice de conformidad con esta reforma”, precisó.
Para el senador petista Manuel Bartlett Díaz se trata de “una simulación peligrosa” porque afecta al sistema educativo y no entra “al fondo del asunto”, ya que solamente contempla la profesionalización de los docentes con mediciones que no conocen la complejidad del problema.
Dijo que estamos ante “una situación de laboratorio” impuesta por la OCDE, que no toma en cuenta la realidad de nuestro país y crea una cúpula que “va a castrar a la Secretaría de Educación”.
Lo que se necesita --subrayó-- es autoridad para corregir el sentido de la educación nacional e implementar el principio humanista que se encuentran en el artículo tercero constitucional, que buscan crear una sociedad con justica social a través de la enseñanza.
En la discusión en lo general, la senadora perredista Lorena Cuellar Cisneros advirtió la reforma se limita a reorientar “las perversas relaciones de poder entre la autoridad y una cúpula sindical --que le interesa todo-- menos la educación de los mexicanos”.
También del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna manifestó que sólo se trata de un cambio “administrativo” que no desmantela el “ejército electoral que año con año les ayuda a tener el porcentaje que necesitan para imponerse en el poder”.
Posteriormente, su compañero de bancada, el senador Augusto López Hernández consideró que “la mal llamada reforma educativa” no toma en cuenta lo que más le preocupa a la sociedad: la calidad educativa, espacios dignos y el acceso a la misma de todos los mexicanos”.
El senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo declaró que “nosotros acudimos sin rubor a firmar el Pacto por México, pero no se vale que ahora se aprovechen de la buena fe y quieran tomarnos el pelo con esta reforma educativa sin que antes no hayan diagnosticado el sistema educativo del país”.
En tanto, el senador perredista Mario Delgado Carrillo anunció su voto a favor “porque la educación es una bandera histórica de la izquierda”.
Una vez aprobados los artículos reservados, la minuta se devolvió con estos cambios a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso E), del artículo 72 de la Constitución.
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