Número-891
- Durante la presentación de informe anual, la presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra, dijo que el Instituto es coadyuvante para cumplir con el derecho a la transparencia.
En la sesión a distancia de este martes, el Senado de la República recibió el Informe Anual de Labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el contenido del documento ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, señalo que en la actuación y en el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto no es adversario.
Por el contrario, dijo, es coadyuvante para que los sujetos obligados, públicos o privados, cumplan con el derecho a la transparencia y la protección de datos personales.
Senadoras y senadores expresaron posiciones encontradas y se destacó la necesidad de mejorar el desempeño del organismo para garantizar la transparencia y proteger los datos personales de millones de usuarios. Además, manifestaron su preocupación por las propuestas para la desaparición al Instituto.
Blanca Lilia Ibarra subrayó que el Instituto es un órgano técnico al servicio de la sociedad, alejado del manejo político. Este organismo, enfatizó, actúa con firmeza con todos los sujetos obligados se aplica la Ley de forma igualitaria.
La democracia, apuntó ola comisionada, es incompatible con las instituciones públicas cerradas e impasibles ante el derecho a saber sobre los asuntos de la República. “México demanda unidad y ésta se puede construir si todos tomamos la ruta de la Ley y dejamos atrás descalificaciones y estigmatizaciones”.
En materia de acceso a la información, detalló, el acumulado de solicitudes del 2003 al cierre del informe, registraba más de dos millones 220 mil solicitudes ingresadas a los sujetos obligados del orden Federal. Más de 237 mil corresponden al periodo comprendido entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.
La comisionada también dio a conocer que el INAI impuso multas por 56 millones 771 mil pesos al sector privado por el incumplimiento a la Ley. Los tres ramos con más sanciones fueron el de información en medios masivos; servicios financieros y de seguros; y construcción.
En la ronda de preguntas, el senador Emilio Álvarez Icaza manifestó su preocupación ante la propuesta del Presidente de eliminar al Instituto y que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública.
En su respuesta, Blanca Lilia Ibarra señaló que cualquier indicio para debilitar al INAI, debilita el derecho de las personas. La desaparición del Instituto o la merma de su autonomía, consideró, significa perder la efectividad del mecanismo de garantía de los derechos humanos que tutela.
En tanto, Renata Romo Molina, del PES, preguntó sobre los mecanismos que han puesto en marcha el INAI y el Instituto Nacional Electoral, para que las y los ciudadanos encuentren la información veraz sobre los padrones de afiliación de los partidos políticos.
La funcionaria precisó que es responsabilidad de los partidos políticos el padrón de afiliados, pero que se lleva a cabo un proceso de verificación de las obligaciones de transparencia en caso de que no haya coherencia en la información que dan a conocer.
Del PT, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre expresó que el INAI es un organismo fundamental del Estado mexicano, pero preguntó qué beneficios tangibles brinda la importante inversión de recursos públicos que se destinan para el funcionamiento de este instituto.
En su turno, el senador Juan Manuel Fócil Pérez comentó que hay voces que sugieren la desaparición del Instituto, o cuando menos, la vulneración de su autonomía, por lo que el PRD es firme la convicción de defenderlo.
La comisionada presidenta explicó que la Función Pública es un órgano perteneciente a la Administración Pública Federal y guarda una absoluta subordinación al Poder Ejecutivo. También recordó que el INAI no sólo atiende a todos los sujetos obligados de los tres Poderes, sino también a los organismos autónomos, fondos y fideicomisos.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, afirmó que, en este gobierno, México ha tenido un retroceso en el acceso a la transparencia, por lo que cuestionó qué se puede hacer para que la opacidad no se apropie de nuestro país.
La comisionada aseguró que una de las principales causas es la baja participación de la ciudadanía que no conoce su derecho a saber. Es un gran reto y desafío que se debe atender. “Consideramos que es necesario que los ciudadanos adopten este derecho para su vida cotidiana y mejorar su calidad de vida”, puntualizó.
Por el PRI, la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado preguntó a la comisionada por qué considera imprescindible la ejecución de una agenda internacional.
Ibarra Cadena indicó que es importante que a nivel internacional no sólo se considere la participación que ha tenido el Instituto en diversas convenciones y acuerdos, sino que es necesario reflexionar en que tenemos una serie de importantes compromisos internacionales que se están atendiendo.
A nombre del PAN, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz cuestionó a la titular del INAI sobre las acciones que se llevarán a cabo para garantizar que la Ley se aplique a cabalidad, así como las medidas legislativas que se requieren para mejorar sus procedimientos.
Al respecto, Blanca Lilia Ibarra dijo que se han llevado a cabo diversas acciones de socialización, a fin de que el conocimiento sobre el derecho que tienen las personas para acceder a la información llegue a distintas regiones del país.
Por su parte, la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, expuso la necesidad de saber los esfuerzos que en el Instituto están dispuestos a realizar para mejorar y hacer más eficiente su desempeño, así como las medidas para proteger los datos personales de millones de usuarios de Internet.
En el caso de datos personales, la funcionaria dijo que es necesario modernizar y actualizar la legislación, de acuerdo con la nueva dinámica de la era digital. La idea es cómo armonizar la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Particulares del año 2010, con la Ley General de Datos en Posesión del Sector Público.
El Informe fue remitido a la comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador Juan Zepeda.
