Número-780
- Cerrar el paso a empresas irregulares que podrían abrir espacios a delincuencia, uno de los objetivos del proyecto.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos tendrán a su cargo el análisis de la minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución Política, que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de seguridad privada.
El proyecto, que será revisado en dichas comisiones, que presiden los senadores Martí Batres Guadarrama, de Morena, y Manuel Añorve Baños, del PRI, respectivamente, busca homologar criterios, requisitos, mecanismos de control y vigilancia.
Pero, sobre todo, evitar la aparición de empresas que no cuentan con los permisos necesarios para brindar este servicio y que podrían abrir espacios a delincuencia.
La minuta enviada por la Cámara de Diputados, también pretende que en la legislación se establezcan las reglas mínimas de coordinación nacional, entre los prestadores de seguridad privada y pública.
Plantea que la ley fije tanto las reglas, como quién será la autoridad que tendrá a su cargo la autorización y regulación de los prestadores de servicios de seguridad privada, en todo el territorio nacional.
Así como determinar la coordinación entre las personas autorizadas a prestar dichos servicios privados y las autoridades de la Federación, los estados y municipios, a efecto de llevar a cabo una adecuada organización y funcionamiento de los auxiliares de la seguridad pública.
La propuesta, también busca definir las medidas que se aplicarán en los trabajos conjuntos que se realicen en situaciones de emergencia y desastre, así como los aspectos vinculados a las policías complementarias en el país.
La colegisladora destacó que en México existen alrededor de seis mil empresas que se dedican a la prestación de servicios de seguridad privada, las cuales emplean aproximadamente a 500 mil personas; sin embargo, más de mil 500 compañías no cuentan con permisos.
