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El senador perredista Benjamín Robles Montoya propuso reformar la Constitución para que previo a la firma de algún tratado internacional por parte del Ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su opinión sobre el convenio y se pronuncie sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Desde la tribuna explicó que el nuevo orden constitucional en nuestro país da una relevancia especial a los tratados internacionales, a fin de consolidarlos en los ordenamientos jurídicos internos.
Ahora --expresó-- los convenios internacionales son ley suprema en toda la Unión, de ahí la importancia de su revisión, aprobación y revisión, así como el establecimiento de controles previos y posteriores a su aprobación.
En este sentido, consideró que el único órgano legitimado para realizar esa tarea es la SCJN.
Indicó que cuando el tratado internacional es negociado, concluido, firmado aprobado, ratificado --pero sobre todo revisado constitucionalmente de manera obligatoria por un tribunal especializado antes de entrar en vigor-- preservaría íntegra la normativa nacional y garantizaría los compromisos contraídos por México.
Mencionó que actualmente el país carece de instituciones y normas jurídicas referentes al modo de recepción de los instrumentos internacionales y de la posición que ocupan en el ámbito jurídico interno.
Por ello, agregó, es indispensable tener un control a priori de esos acuerdo, pues sólo se pueden hacer valer cuando ya son perfeccionados y adoptados por nuestro país y eso resulta problemático e incierto porque existe la posibilidad de declarar parcial o totalmente la inconstitucionalidad de un tratado internacional en cualquier momento de su vigencia.
Lo anterior, subrayó, provoca que nuestro país cometa violaciones aún más graves que las constitucionales, como lo son las faltas a los principios generales del derecho mundial, lo que puede derivar en una posible responsabilidad internacional por parte de México.
Ante este panorama, Robles Montoya hizo notar la urgencia de facultar a la SCJN para pronunciarse sobre la normativa constitucional de los tratados internacionales antes de su integración al ordenamiento jurídico nacional.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.
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