Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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altFortalecer el principio de presunción de inocencia, acotar el valor probatorio de los testigos protegidos, determinar la responsabilidad del Estado por detenciones indebidas y a dar indemnización, así como aumentar los requisitos para la procedencia de los cateos, demandó la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.
A través de una iniciativa, explicó que sólo podrá librarse orden de aprehensión cuando existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado, pero la sola declaración de testigos colaboradores será insuficiente.
En su propuesta de reforma constitucional, la legisladora perredista plantea adicionar el artículo 17 para que los daños causados por error judicial o consecuencia de la administración de justicia, incluida la privación de la libertad, “obligue al Estado a indemnizar a la persona lesionada”.
Respecto a la presunción de inocencia, consideró que nadie está obligado a probarla, la declaración de testigos no será suficiente para establecer culpabilidad del procesado y la confesión sin asistencia de defensor o ante autoridad distinta a la judicial carecerá de valor probatorio.
Además, estimó necesaria la autorización de la autoridad judicial para catear edificios, establecimientos o sedes públicas, considerando que el ámbito del domicilio para un funcionario público debe extenderse también a edificios, establecimientos y sedes públicas donde realiza sus funciones.
Asimismo, se estatuye que la violación al domicilio constituye un delito grave de conformidad con lo que establezca la ley penal.
La senadora expresó durante su exposición que “la violación sistemática de los derechos humanos es uno de los problemas más graves del sistema de impartición de justicia mexicano”.
La administración de la justicia penal, agregó, resulta incapaz de atender las necesidades sociales mínimas que se supone debe satisfacer: dar respuesta a todos o gran parte de los casos incorporados al sistema, a los delitos más graves, y a las nuevas formas de  criminalidad.
La iniciativa que reforma los artículos 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política, se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda.
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