Número-471
- Se debe consolidar a la SCJN como Tribunal Constitucional y acercar la justicia a la población; el Poder Legislativo debe formular normas que sean ajenas a los tecnicismos
En Parlamento Abierto, especialistas destacaron la necesidad de que la reforma al Poder Judicial consolide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el máximo tribunal constitucional, que este órgano deje de ser de élite y que el eje transversal de los cambios sea la justicia expedita y cercana a la población.
Los ponentes participaron, a distancia, en la segunda mesa de análisis “Decisiones Judiciales”, moderada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
Ahí, Fabiana Estrada Tena, coordinadora general de asesores de la Presidencia de la SCJN, dijo que la propuesta de iniciativa profundiza las garantías institucionales con las que cuentan la Corte y la Judicatura, las cuales blindan a ambos órganos y les permiten ejercer sus funciones de manera armónica y con plena autonomía.
Explicó que el objetivo es consolidar a la Corte como Tribunal Constitucional y que sus criterios den sentido a todo el sistema de justicia. Consideró que para que este modelo pueda ser exitoso es imperativo reducir la carga de trabajo, pues la SCJN resuelve anualmente alrededor de 7 mil asuntos, cantidad que no es acorde con su carácter de máximo intérprete de la Constitución.
Respecto al Consejo de la Judicatura, indicó que se fortalece a este órgano, encargado de la administración, disciplina y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo.
La magistrada de Circuito, Gloria Avecia Solano, propuso que en la reforma en cuestión no sólo se conserven las facultades del Poder Judicial de la Federación, sino que fortalezca la revisión administrativa para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) esté facultado a emitir acuerdos generales para el debido ejercicio de sus funciones.
Para ello, dijo, la Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al CJF la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional general. Además, el Pleno de la Corte podrá revisar y revocar también, a petición de alguno de sus integrantes o de juzgadores federales, los acuerdos que apruebe por mayoría.
Señaló que el recurso de revisión administrativa debe fortalecerse para cumplir con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. “Debe ser un principio de aplicación efectiva y que se analice la posibilidad de aplicar de presentación para la sustanciación de este recurso y que sus resoluciones sean inatacables”, insistió
Gumersindo García Morelos, especialista e investigador en derechos Humanos de las universidades Complutense de Madrid, y San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, solicitó a los senadores que se fortalezca el mecanismo de control de los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura.
Dijo que ello ayudaría a que exista plena justiciabilidad de los derechos humanos para los juzgadores, porque se les fiscaliza por haber realizado una actividad, “en relación a respuestas que la sociedad plantea cotidianamente”.
El académico señaló que se necesita contar con un sistema de control judicial robusto, “hacia fuera y hacia dentro”, que ayude a mantener el diálogo permanente entre todos los involucrados.
En su intervención, Ricardo Antonio Silva, rector de la Escuela Libre de Derecho, señaló que el acercamiento de las normas y de los tribunales a la ciudadanía es lo fundamental y trascendental de la reforma constitucional. "El eje transversal debe ser la justicia cercana", subrayó.
Detalló que es necesario hacer una reforma que simplifique los procesos y la toma de decisiones para generar confianza. Para esta labor, indicó, el Poder Legislativo debe formular normas que sean ajenas a los tecnicismos que hacen complejos los propios procedimientos; tenemos que apostar a operaciones sencillas y accesibles, sin perder la profesionalidad de los jueces.
Apuntó que debe haber una estrategia y un plan de implementación, así como principios constitucionales que delimiten de qué manera se le va a dar seguimiento a estos precedentes y como se va a generar este cambio en la cultura jurídica. “La Constitución debe reconocer esta gran complejidad”, sentenció.
La catedrática e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni, aseguró que mientras los argumentos de la Suprema Corte y los razonamientos de los ministros no sean parte de los insumos claves de la justicia ordinaria, “seguirá siendo un Tribunal de élite, que resuelve poquitos casos y que beneficia a algunos pocos, pero que no logra desplegar su efecto a toda la población”.
Coincidió en que la dirección correcta es fortalecer el papel de la Suprema Corte como órgano vértice del sistema de justicia mexicano y al mismo tiempo robustecer las capacidades del Consejo de la Judicatura, para definir un verdadero servicio civil de carrera, “donde no dependa de que son amigos de alguien para poder ser jueces y magistrados”.
Precisó que esta reforma se encamina a los temas medulares del Poder Judicial, a fin de tener grandes jueces y lograr buenas decisiones judiciales que convenzan, pacifiquen y que “nos hagan sentir que en México todos compartimos un conjunto de valores que nos articulan como comunidad, para generar coherencia, eje y rumbo a futuro”.
Se tiene previsto que mañana continúen las mesas de análisis, como parte del Parlamento Abierto para analizar la Reforma para y por el Poder Judicial. Los temas que se abordarán son: mecanismos de control constitucional y aspectos funcionales del Poder Judicial.
