Senado de la República

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La senadora Marcela Guerra Castillo propuso reformar el Código Penal Federal para sancionar  a quienes se beneficien económicamente por actos y hechos jurídicos falsos cuando hubieren sido protestados ante fedatarios públicos.
Dijo que la iniciativa también pretende penalizar a las personas que formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.
En la exposición de motivos, la legisladora hizo notar que la delincuencia organizada dentro de las diversas comisiones de ilícitos que realiza, ha ideado cada día nuevas formas y maneras de beneficiarse.
En este sentido, dijo, “ha llegado a utilizar a diversos fedatarios públicos, que bajo amenaza de muerte o de causarles un daño a sus familiares o incluso en contubernio con ellos, dan fe de actos o hechos que afectan patrimonialmente a la gente, o que les causan perjuicios en sus derechos”.
Mediante este método, agregó, los delincuentes obligan a alguien a vender una propiedad sin recibir el pago correspondiente, a reconocer una deuda que no existe, a cumplir una obligación de pago de dinero en exceso o a ceder derechos sobre bienes muebles e inmuebles.
Consideró que se debe tener mucho cuidado de que los fedatarios públicos se conduzcan con total apego a derecho, de forma recta y honorable, ya que de lo contrario se pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier persona que intervenga en un acto o en un hecho jurídico.
Por ello, planteó castigar a quienes hacen constar en instrumentos públicos, la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos  hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
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