Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-324 

  • La senadora Nestora Salgado destaca que urgen acciones para proteger a los paisanos de robos, amenazas y extorsiones que sufren en su entrada al país.

 

El Senado de la Republica exhortó al Gobierno Federal, para que en coordinación con gobiernos estatales y municipales, garanticen la seguridad durante el ingreso, tránsito y salida de las y los migrantes connacionales que visitan México.

 

La senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Nestora Salgado García, señaló que la finalidad del dictamen es garantizar la seguridad de los connacionales que visitan el país, particularmente de quienes vienen de Estados Unidos. “He vivido en carne propia las complicaciones que tienen nuestros connacionales y la necesidad de emprender acciones en su favor”, precisó.

 

Destacó que, en su retorno al país, los paisanos se encuentran con robos, amenazas, extorsiones y abuso de autoridad, por parte de delincuentes comunes, grupos de delincuencia organizada y agentes estatales. Por ello, aseguró Salgado García, su seguridad es nuestra prioridad.

 

Esto, precisó, porque a pesar de la puesta en marcha del Programa Paisano para garantizar entrada, tránsito y salida del país sin dificultades, aún hay retos para cumplir con la obligación de proteger la integridad física y patrimonial de los connacionales.

 

En otro dictamen avalado en la sesión de este día, el Senado pidió a las autoridades facultadas para realizar detenciones que, en el ámbito de su competencia, garanticen que éstas se realicen conforme a derecho y con estricto respeto a los derechos humanos.

 

La senadora Nestora Salgado dijo que las detenciones ilegales constituyen una seria situación violatoria de los derechos humanos. Lo más preocupante, abundó, es que marcan el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos, que generalmente incluyen el derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales.

 

Denunció que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, las detenciones arbitrarias se usaron como estrategia de control social y represión política, por lo que es fundamental adoptar las medidas necesarias para garantizar derechos y libertades.

 

Las garantías de los derechos humanos en un Estado democrático, precisó, se sustentan en gran medida, en el respeto del ejercicio libre de la labor de la defensa de los derechos humanos.

 

Salgado García subrayó la importancia de que el Estado mexicano tome medidas para atender y resolver las detenciones arbitrarias, a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de personas responsables de violación de derechos humanos y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México.

 

Adicionalmente, fue aprobado un exhorto al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, para que refuerce las medidas dentro de los centros de readaptación social en el estado, con el fin de respetar plenamente los derechos humanos en los mismos.

 

Al respecto, la senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, urgió a que, tanto en Nuevo León como en el país, se adopten las Reglas Mandela de las Naciones Unidas que reconocen el derecho a la dignidad, al provenir y a la reinserción social, de las personas privadas de su libertad, y amplían los criterios de sus derechos humanos dentro de la ejecución de las medidas privativas de la libertad.

 

Cuando una persona pierde su derecho a la libertad, gana su derecho a la reinserción social para que, al salir de prisión, goce de todos sus derechos, afirmó la legisladora.

 

Asimismo, destacó que de acuerdo con el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 79 por ciento de las quejas ante las autoridades de los centros de reclusión correspondieron a tortura y maltratos, el 30 por ciento sobre trato humano y digno, el 21 por ciento respecto de agresiones, el 15 por ciento sobre abuso u omisión de la autoridad y el 10 por ciento sobre condiciones de vida.

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