Senado de la República

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Senadores del PAN, PRI y PRD, propusieron reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos y al Código Penal Federal, para aplicar sanciones en materia administrativa, civil y penal a quienes permitan invasiones de terrenos o autoricen concentración poblacional en áreas no aptas para el crecimiento urbano.
Según la iniciativa, se trata de controlar con mayor efectividad el desarrollo urbano, ya que han resultado ineficaces las reglas para exigir el cumplimiento de responsabilidades a las autorizaciones a los asentamientos humanos en áreas no aptas.
Desde la tribuna, el senador panista Francisco García Cabeza de Vaca explicó que los asentamientos irregulares se ha convertido para muchas familias en la única opción viable para conseguir una vivienda, debido a los altos costos del suelo y la limitada oferta de casas habitación.
Por tanto, dijo, actualmente existen asentamientos humanos irregulares que derivan de problemas de tenencia de la tierra y del régimen ejidal de los terrenos, y aquellos asentamientos humanos que se ubican en situaciones de riesgo.
Cabe destacar –añadió--que las dos premisas descritas anteriormente no están desligadas, ya que un asentamiento humano irregular con problemas de tenencia de tierra también puede ubicarse en terrenos que representen un riesgo por su localización, características que complican la dotación de servicios básicos como agua y drenaje.
El legislador aseguró que la propuesta busca modificar el Código Penal Federal, para que se impongan sanciones de dos a siete años de prisión, multas de hasta 300 veces de salario mínimo general vigente y la destitución e inhabilitación de los servidores públicos que permite los asentamientos humanos.
Destacó que la Secretaría de Desarrollo Social  estima que el 37 por ciento de la población urbana vive en asentamientos irregulares y sin acceso a servicios básicos, lo que pone en riesgo la integridad física de las personas, ya que en la mayoría de las ocasiones se trata de suelo propenso a deslaves por las lluvias.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.
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