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La Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen para pedir a los congresos de los estados, que aún no cuentan con una ley encargada de regular el uso de la fuerza policial, que legislen al respecto y establezcan un ordenamiento ajustado a los estándares internacionales.
Asimismo, a las legislaturas que ya cuentan con una ley en esa materia, les solicitó revisar sus contenidos, a fin de verificar si las mismas se encuentran ajustadas a los estándares internacionales, y en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes.
En el documento aprobado se hace notar la necesidad de avanzar en la construcción de una legislación especializada en el uso de la fuerza, “en estricto apego al artículo 21 constitucional que establece que las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.
Además, se subraya que ese ordenamiento se debe basar en tratados internacionales y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de tal suerte que las regulaciones sobre el uso de la fuerza protejan esas garantías.
En este sentido, los legisladores integrantes de dicha Comisión, que preside el senador priista Omar Fayad Meneses, insistieron en la necesidad de que las autoridades encargadas de la seguridad prevengan, investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos que se deriven de los operativos en los que se justifique el uso de la fuerza.
Del mismo modo --destacaron-- dicha reforma obliga a que en la legislación especializada en el uso de la fuerza pública se redacten los debidos procedimientos de actuación policial en los centros penitenciarios del país, tanto los federales como los que están a cargo de las entidades federativas.
Enfatizaron que el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales “debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos y utilizar ésta sólo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho”.
Solicitan informe sobre separación de reos
En otro tema, los integrantes de este órgano de trabajo acordaron solicitar al Ejecutivo federal un informe sobre el proceso de separación de reos federales de los del fuero común, con la finalidad de saber si se podrá cumplir con el objetivo de terminar dicho proceso para finales de este año.
Indicaron que actualmente en las prisiones del país se encuentran presas unas 230 mil personas, mientras que la capacidad del actual sistema penitenciario es tan sólo para 200 mil, por lo que “algunas estimaciones valoran el total de sobrepoblación en 40,042 individuos”.
De los 230 mil internos --se agrega-- el 20 por ciento pertenece a la competencia federal y el 75 por ciento restante al fuero común.
Sin embargo, se menciona, en 195 centros penitenciarios existe sobrepoblación, y de ellos, 48 albergan población del fuero común y los restantes 148 tienen tanto internos federales y locales.
Ante esta situación, consideraron que el hecho de que reos del fuero común se encuentren recluidos con presos federales atenta contra el objetivo ulterior del Estado, por lo que “no podemos aspirar a la reinserción social cuando individuos que delinquen por primera vez conviven cotidianamente con delincuentes consumados o miembros de la delincuencia organizada”.
Esta condición --manifestaron-- deriva en que las cárceles se conviertan en escuelas del crimen y sea ahí donde se articulen las nuevas células delictivas y se recluten a nuevos prospectos.
Piden al Ejecutivo federal expedir reglamento de Ley para Prevenir la Violencia y Delincuencia
En la misma reunión, se aprobó un exhorto al Ejecutivo federal para que expida a la brevedad el reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Los senadores hicieron notar la urgencia de que se expida ese reglamento, a fin de impulsar el proceso de reconstrucción del tejido social y garantizar la seguridad de los mexicanos.
Señalaron que a más de diez meses de la publicación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, “todavía no contamos con la reglamentación necesaria para su aplicación”.
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