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La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, planteó una reforma al artículo 21 de la Constitución, a efecto de que la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados de los que México es parte, sea reconocida en los términos especificados en dichos convenios.
En el caso de los tribunales internacionales del orden penal, la legisladora propuso que los procedimientos que lleven a cabo, así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias sean reconocidos y ejecutados por el Estado mexicano de conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional respectivo.
Asimismo, sugirió establecer en la Carta Magna que las resoluciones y sentencias emitidas por dichos órganos internacionales sean vinculantes para el Estado mexicano y garantizar su cumplimiento.
Desde la tribuna, explicó que actualmente se establece en ese artículo constitucional la ratificación “parcial y condicionada” del Estatuto de Roma por parte de México, con lo que “el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Esto significa --precisó-- que el titular del Ejecutivo federal es quien tiene la facultad de determinar si se reconoce o no la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo que “se trata de la decisión de una sola persona”.
Además, agregó, si eventualmente quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo decidiera reconocer la jurisdicción de la CPI, sería necesaria la aprobación del Senado, y ello “a todas luces condiciona y compromete aún más el reconocimiento de la jurisdicción internacional por parte del Estado mexicano”.
Expuso que lo anterior hace depender una decisión de la mayor relevancia “de la conformación política de la Cámara de Senadores y por ende de la mayoría parlamentaria dominante en un momento histórico determinado”.
Por ello, consideró necesario modificar dicho artículo para “corregir esa situación y asumir el compromiso de convertir a nuestro país en un actor protagónico de la construcción y consolidación de una jurisdicción y de un régimen penal universal, sin restricciones ni condiciones”.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
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