Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-134 

  • El Estado está obligado a introducir mecanismos para la participación de ese sector y tomar en cuenta sus opiniones, apunta Claudia Balderas.


La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza presentó una iniciativa, para que las opiniones de niñas, niños y adolescentes incidan en la elaboración de políticas públicas, además plantea incorporar este principio dentro de los derechos humanos que deben ser tomados en cuenta para el diseño de planes y programas para el desarrollo integral de la niñez.

 

Con esta propuesta, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena busca que las instituciones gubernamentales, padres y tutores estén obligados, verdaderamente, a escuchar a la infancia.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, los cuales representan el 32.8 por ciento de la población mexicana.

 

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, afirmó la promovente, han adoptado un papel mayormente participativo y de responsabilidad, pese a los enormes obstáculos a los que se enfrentan, que se pueden reducir en desventajas educativas y socioeconómicas, discriminación y exclusión.

 

Señaló que la participación es un derecho humano que se encuentra previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y, de manera particular en la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que se le debe garantizar a todas y todos los infantes.

 

En ese sentido, apuntó, el Estado mexicano está obligado a introducir mecanismos para facilitar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes y a tomar debidamente en cuenta esas opiniones una vez expresadas.

 

Balderas Espinoza consideró que la incorporación y garantía de este derecho es complejo, pero se debe tomar en cuenta que la participación voluntaria de niñas, niños y adolescentes debe estar garantizada por el Estado.

 

De esta manera, detalló, es su deber el propiciar las condiciones para que este derecho se implemente en los diferentes ámbitos que les conciernen, de forma directa o indirecta y una forma de hacerlo es que se incorpore a nuestra ley fundamental y se reglamente en las leyes secundarias de forma específica.

 

“Las niñas y los niños de nuestro país merecen ser tomados en cuenta, protegidos y respetados, pues en ellos recae la subsistencia de nuestra nación”, sentenció la legisladora.

 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

 

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