Número-73
- La terna está integrada por Luis Espíndola Morales, Nínive Ileana Penagos Robles y Laura Angélica Ramírez Hernández.
- Quien sea electa o electo por el Pleno del Senado desempeñará el cargo desde el 11 de septiembre de este año hasta el 10 de septiembre del 2029.
Senadoras y senadores que integran la Comisión de Justicia, que preside el legislador Julio Menchaca Salazar, realizaron la comparecencia de las personas que integran la terna para la elección de magistrada o magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por Luis Espíndola Morales, Nínive Ileana Penagos Robles y Laura Angélica Ramírez Hernández. Quien resulte elegido desempeñará el cargo durante el periodo del 11 de septiembre de 2020 al 10 de septiembre del 2029.
En su intervención, Luis Espíndola Morales informó que ha ocupado todos los cargos del escalafón judicial, por lo que seguro conocer de primera mano el contexto y las problemáticas a las que cotidianamente se enfrentan las instituciones electorales. “Mi formación profesional ha sido integral, desde la calle hasta el escritorio y desde lo cotidiano hasta lo extraordinario”, aseveró.
Apunto que, de ser elegido, su trabajo se basará en tres ejes generales: fortalecer la rendición de cuentas a partir de la discusión de las sentencias; el combate eficaz a la violencia política contra las mujeres; y la maximización de las libertades fundamentales y la cultura digital.
La democracia no puede enfermar, sentenció, por lo que es necesario construir criterios que permitan revertir las malas prácticas electorales como la simulación, el abuso de derecho y el fraude a la Ley. “Los juzgadores deben optar por la ética de la responsabilidad más allá que la de la convicción”, puntualizó.
En relación con la violencia política contra las mujeres en razón de género, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, pidió la opinión del aspirante sobre el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, del cual el Instituto Nacional Electoral (INE), acaba de emitir los lineamientos para su integración.
El candidato aseveró estar a favor de este Registro, ya que consideró que la violencia de género es inadmisible en un Estado constitucional de derecho. Agregó que este tipo de medidas son complementarias, por lo que su valía está en visibilizar las malas prácticas que imperan en los procesos electorales. En este sentido, reveló que, en 2017, se registraron 237 atentados contra de mujeres que se dedican a la política.
Al respecto, el senador Damián Zepeda Vidales, integrante de la bancada del PAN, preguntó cual es el alcance de la Sala Regional con las redes sociales, ya que se trata de uno de los medios de comunicación con más alcance, mientras que su regulación, especialmente en materia electoral, es escasa.
En respuesta, Espíndola Morales indico que, desafortunadamente, no existe un marco regulatorio sobre el espacio digital, por lo que instó a las senadoras y los senadores a legislar al respecto. Detalló que diversas empresas utilizan los datos personales de usuarios de redes sociales para influir en la opinión pública, razón por la que consideró necesario aplicar sentencias eficaces con el fin de evitar estas malas prácticas.
En su participación, Nínive Ileana Penagos Robles indicó que los juzgadores deben asumir su responsabilidad como garantes del orden constitucional con el conocimiento y la conciencia de la función social que tiene la Carta Magna. Por esto, aseguró que, de ser elegida contribuirá con su experiencia para resolver los problemas más trascendentes en materia electoral.
Apuntó que los juzgadores deben seguir generando criterios jurídicos para dar certeza a los actores políticos y a la ciudadanía en general, respecto a los alcances de las normas que limitan su actuación en los procesos electorales y cuál es su sanción.
Aseveró que la Sala Regional no sólo tendrá la facultad de sancionar a aquellas personas que hayan cometido violencia política en contra de las mujeres, sino también establecerá las medidas de reparación integral del daño a la par de medidas cautelares para garantizar una contienda electoral equitativa y respetar sus derechos fundamentales.
La senadora Indira Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del PAN, pidió a la aspirante su opinión respecto a los principios constitucionales que deben prevalecer para los candidatos que buscan una candidatura sin renunciar a sus cargos actuales.
Al respecto, la postulante detalló que algunos servidores tienen la facultad de reelegirse o buscar otros cargos, sin embargo, la Ley establece que no deben utilizar recursos públicos para su promoción personal. Estos principios, sentenció, tienen que ser respetados y el Tribunal no debe permitir la violación de los derechos que impidan tener una contienda electoral equitativa.
El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, dijo no tener duda de que en el próximo proceso electoral se desviarán recursos públicos en gobiernos municipales y estatales, por lo que preguntó a la candidata cómo intervendrá el TEPJF para imponer sanciones si no existe un marco jurídico al respecto.
Penagos Robles señaló que deben dar certeza al Tribunal en este sentido, ya que existen lagunas legales que impiden sancionar las malas prácticas. Recordó que cuando detectan el uso indebido de recursos, son los Congresos locales quienes deben aplicar la sanción, lo cual genera un problema, pues en muchas ocasiones no alcanzan a determinar que castigo amerita al no existir jurisdicción al respecto.
En su comparecencia, Laura Angélica Ramírez Hernández indicó que la elección de una nueva magistrada o magistrado coincide con un momento crucial en la vida democrática de México, el proceso electoral 2020-2021. En este contexto, afirmó, la Sala tiene la responsabilidad de preservar los principios de equidad, imparcialidad y certeza para tener un mejor desarrollo en dicho proceso.
Señaló que este órgano jurisdiccional tendrá la responsabilidad, en este proceso electoral y los venideros, no sólo de emitir sentencias que atiendan la nueva realidad que vivimos, causada por la pandemia de Covid-19, sido de atender la nueva normativa constitucional en materia de paridad de género, la cual tendrá gran efecto en la forma de realizar campañas electorales.
Aseguró que, gracias a su experiencia, cuenta con el perfil para realizar una labor digna, observando siempre los principios de imparcialidad e independencia que rigen la función jurisdiccional, así como sensibilidad a los contextos históricos marcarán este proceso y los subsecuentes.
El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, de la fracción parlamentaria del PT, preguntó que, en caso de ser elegida por el Pleno, cuál sería su aportación más importante a la Sala Regional Especializada.
La aspirante indicó que aportará a la Sala los conocimientos que ha adquirido durante su trayectoria jurisdiccional y administrativa. Asimismo, aseguró que conocer el derecho constitucional electoral la ha dado la sensibilidad para valorar cada caso concreto, privilegiando los principios que rigen en la Ley para darle eficacia a nuestro sistema democrático.
A su vez, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena cuestionó si el informe de labores de algún funcionario que aspira a otro cargo público puede dañar la equidad de la contienda, pues consideró que, en este caso, el derecho de la ciudadanía a estar informada choca con el derecho a tener un proceso electoral justo.
Ramírez Hernández apuntó que este tema se debe atender de acuerdo con su temporalidad, es decir, se debe tomar en cuenta en qué momento del proceso electoral se emite, cómo se está publicando y cuál es su alcance y, con estos elementos, determinar si el informe violenta la equidad del proceso electoral.
La Comisión de Justicia emitirá el dictamen sobre el cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad de las aspirantes, el cual será enviado a la Mesa Directiva para que el Pleno elija, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a la nueva magistrada o magistrado de la Sala Regional Especializada.
