Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-63

  • Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge presentó una iniciativa para eliminar esta excepción de la Carta Magna

 

A fin de garantizar que policías, agentes del Ministerio Público y peritos que fueron separados de sus funciones de manera injustificada sean reinstalados en su cargo cuando exista una resolución jurisdiccional en su favor, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge presentó un proyecto para reformar el artículo 123 de la Constitución.

 

La legisladora de Acción Nacional expresó que a pesar del riesgo al que se exponen estos servidores públicos se encuentran en una situación de precariedad profesional, porque en la Constitución existe excepción que restringe el derecho a su reinstalación.

 

Explicó que la fracción XIII del Apartado B de dicho artículo establece que “si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estaráì obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.

 

Pero en ningún caso procederá su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”.

 

Esta excepción, destacó Cruz Blackledge, es única en América Latina. Ningún otro país de nuestra región prevé en su texto constitucional una regla discriminatoria de esta naturaleza.

 

La reforma que dio origen a dicha excepción tuvo como objeto evitar que “los malos policías” continuaran como integrantes de las instituciones de seguridad pública, cuando hubiesen ganado juicios por cuestiones meramente formales o errores procedimentales de la autoridad disciplinaria, ministerial o jurisdiccional.

 

Sin embargo, acotó, no se enfocó en las causas del problema, sino en sus efectos. “Enderezar este entuerto que tiene más de 20 años de vigencia es la parte más visible de la deuda constitucional que tenemos los mexicanos para nuestros policías”, expresó.

 

La senadora también propuso que, si la autoridad jurisdiccional competente resuelve que la terminación del servicio fue injustificada, la autoridad será responsable de pagar la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho el afectado, lo cual se hará de forma retroactiva, además que se reincorporará al servicio.

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