Número-1500
- Senadores estudiarán propuesta de Sociedad de Autores y Compositores de México sobre este tema, indica Claudia Ruiz Massieu.
Integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC) sostuvieron una reunión con el representante de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Roberto Cantoral Zucchi, quien pidió una legislación que permita defender el patrimonio de los creadores y lograr una remuneración justa para ellos.
La presidenta de la Comisión Especial, senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, explicó que el tratado comercial tripartita incluyó en sus cláusulas la protección de los derechos de autor.
El objetivo, agregó, es que los creadores de arte puedan vivir de su trabajo sin temor de que las nuevas formas de tecnología faciliten su difusión no autorizada de contenidos, y por lo tanto, se les niegue la justa y legitima explotación de sus bienes.
Destacó que la Ley de Derechos de Autor es un tema relevante en el T-MEC, por lo que será muy importante lograr una homologación muy adecuada de la legislación mexicana para proteger y promover la cultura y a sus creadores.
Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, expuso a los legisladores las inquietudes que existen en el gremio, sobre todo, por los contenidos “que hoy conviven en el entorno digital”.
Dijo que es ahí donde se deben “enfocar todas nuestras baterías” para llevar a cabo una gestión colectiva que en verdad defienda el patrimonio de los autores y logre una remuneración justa para ellos.
Señaló que en la actualidad, para hacer un procedimiento legal, las sociedades de gestión colectiva tienen que acreditar obra por obra para poder hacer valer la base de la acción; sin embargo, es imposible. “Imagínense un juicio contra YouTube, que maneja millones de obras por minuto”, es imposible acreditar obra por obra, explicó.
Por ello, sugirió reformas que reconozcan a este tipo de sociedades el estado presunción, que tienen la mayoría de las sociedades autorales. Propuso que la carga de la prueba esté en el usuario, pues es él quien “pone la música, las películas” y está en mejores condiciones de definir cuál es la obra que está ejecutando y si tiene la autorización para hacerlo, de lo contrario, el juez puede determinar que pague los derechos de autor.
“Si en verdad queremos inhibir la conducta delictiva de los usuarios o la evasión del pago a derechos de autor, es necesario tener una ley fuerte para que sepan ellos que pueden ser condenados”, expresó.
Roberto Cantoral comentó que si el Tratado reconoce la importancia que tienen las sociedades de gestión colectiva, el gobierno mexicano debe darles las herramientas jurídicas para que puedan cubrir cabalmente con su función, a su vez, que México cumpla con los países socios.
La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, destacó que es de vital importancia escuchar a los principales actores del tema, ya que las normas que se estarán discutiendo en próximos días deben tomar en cuenta sus opiniones y puntos de vista. “Mediante estos ejercicios de diálogo se pueden aclarar aspectos importantes para crear una legislación que beneficie a este sector”.
En tanto, su compañera de bancada, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez indicó que “las bondades” de la propuesta serán analizadas por su Grupo Parlamentario. “Es fundamental apoyar a todo el sector artístico”.
Por su parte, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel respaldó la propuesta hecha por la Sociedad de Autores, porque es pertinente, justa y viable jurídicamente. “Es fundamental apoyarlos para que no sean perjudicados ante la transmisión generalizada de sus obras”.
El senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, dijo que existe una gran complejidad respecto del tema de los derechos de autor. “Es necesario revisar la divergencia que existe entre la manera que se impulsa la protección en el nuevo Tratado y cómo funcionan las leyes en otros países”.
La senadora del PVEM, Gabriela Benavides Cobos, expresó que es necesario crear una protección legal que defienda los derechos de autor y su trabajo, ante las plataformas de Internet que han hecho públicas distintas obras por las que desafortunadamente no se paga.
