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Senadores de la República cuestionaron al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sobre su negativa a aceptar y atender tres recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió a la dependencia sobre casos de tortura, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza.
Además, los integrantes de las comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos pidieron al funcionario que abundara sobre el deslinde de responsabilidades por el caso Ayotzinapa, Guerrero.
Al referirse a las quejas presentadas por “la detención arbitraria y desaparición forzada” de Jethro Ramsés Sánchez Santana, en Cuernavaca, Morelos, el senador priista Miguel Romo Medina resaltó la importancia de atender --de forma permanente y sistemática-- las sugerencias de la CNDH para que todos los detenidos sean puestos de manera formal y sin demora a la disposición de la autoridad competente
Destacó la necesidad de proporcionar a los elementos de la Policía Federal equipos de videograbación y audio que permitan acreditar sus acciones durante sus operativos, así como colaborar con la Comisión de Derechos Humanos para responder a los reclamos.
¿Por qué no aceptar estas recomendaciones para un desempeño táctico, jurídico y normativo, que ayude a la Secretaría a cumplir con su mandato y coadyuvar de manera original con el ministerio público?, cuestionó.
Por Acción Nacional, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza consideró que ante las recomendaciones sobre derechos humanos “es válido” dejar en claro que no se tiene competencia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
Comentó que la dependencia no tiene ninguna queja de organismos y organizaciones internacionales por tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.
Además, preguntó a García Luna sobre la legislación que en materia de seguridad pública debe reformarse, a fin de fortalecer la protección a las garantías fundamentales, tanto de elementos de la Policía Federal, como de presos y de quienes son detenidos.
Respecto al caso Ayotzinapa, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, expresó que se “sigue insistiendo” en la criminalización de la protesta social y se presentó un “uso excesivo de la fuerza y el empleo de armas de fuego en una manifestación que se tornó, como todo el país lo comprobó, altamente violenta”.
Esto, dijo, dio como resultado conductas violatorias de los derechos humanos por privación de la libertad, lesionados con armas de fuego, tortura, imputación indebida de hechos, además de detención arbitraria y “nuevamente seguimos frente a fenómenos que deberían estar desaparecidos del país, como los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Señaló que las preocupaciones por presuntas violaciones a los derechos en la Secretaría no son gratuitas, pues ésta fue una de las dependencias que mayor presupuesto recibió y “resulta que al final prevalece una gran inseguridad en el país”.
A su vez, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, expresó: “después de ver la actuación de la Policía Federal en el aeropuerto, en Tres Marías y los montajes que han hecho yo me quedo con la versión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
En su opinión, es preciso que los senadores revisen los expedientes de las recomendaciones, con la finalidad de analizar a fondo la actuación de las autoridades involucradas y hacer que los titulares de esas instituciones “se sienten a hablar porque es inadmisible que en un tema como este manden a segundos a arreglarse”.
En este sentido, inquirió al funcionario sobre cuántas reuniones ha tenido con el presidente de la CNDH para revisar las recomendaciones no atendidas.
La senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, dijo que García Luna habla solamente de 45 recomendaciones “pero se le olvidan 14 mil 691 asuntos turnados de la CNDH: 7 mil 172 quejas, 6 mil 516 orientaciones directas y mil tres revisiones” y si solamente fueron 45 recomendaciones “es por asuntos muy graves” como asesinato, tortura, desapariciones forzadas y de trato indigno.
Advirtió que las formas de operar de la Policía Federal son “muy preocupantes”, pues al igual que en el caso Cassez los jóvenes de Ayotzinapa no fueron presentados inmediatamente al Ministerio Público, además de que los cuarteles policiacos se han convertido en centros de tortura o detención.
Los hechos --agregó-- demuestran la falta de profesionalización de los elementos federales y su capacitación en derechos humanos.
En la segunda ronda de intervenciones, la senadora priista María Cristina Díaz Salazar preguntó a García Luna por qué se negó a colaborar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso de Jethro Ramsés.
Precisó que esta persona perdió la vida luego de que integrantes de la Policía Federal lo entregaron, junto con otro joven, a militares asentados en Cuernavaca, Morelos y “no se ha subsanado la conducta e irregularidades citadas en los hechos por los servidores públicos”.
La senadora de Acción Nacional, María del Pilar Ortega Martínez, apuntó que en el tema de seguridad pública “nunca estará todo escrito y siempre faltarán cosas por hacer dada la complejidad de este fenómeno”.
Por ello, dijo, es necesaria la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y establecer mecanismos de cooperación entre Federación y estados para deslindar responsabilidades cuando ocurran este tipo de casos.
A nombre del PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza hizo notar que “se ha explotado de manera impresionante el arraigo” y para “quienes no coincidimos con esta figura es muy importante que se aclare su utilización”.
En sus respuestas, García Luna reiteró que la recomendación sobre Ayotzinapa “fue tomada en todos sus términos” y ya se indemnizaron a las víctimas y sus familiares; además, se crearon protocolos, manuales y procedimientos sobre derechos humanos que fueron distribuidos a la policía estatal y federal.
Dijo que se requiere modificar el marco jurídico para determinar el alcance del uso de la fuerza de la autoridad, pues no hay leyes que distingan los niveles que se deben aplicar para la contención tanto de criminales como de masas.
Agregó que todas las recomendaciones se han estudiado para promover una cultura de respeto a los derechos humanos y se creó un andamiaje estructural para capacitación permanente de los elementos de la Policía Federal y del sistema penitenciario.
El funcionario aseguró que “sería valioso” legislar para crear una ley que regule el uso de la fuerza federal, estatal y municipal, ya que hoy sólo existen procedimientos o protocolos que hace cada dependencia para dar un contexto sobre la regulación de la fuerza o control de masas.
Aclaró que el titular de la CNDH dispuso a un visitador para que fuera el enlace entre ese organismo y la SSP para que a través de él se diera seguimiento a esos temas.
“Lo he visto en muchos eventos oficiales y hemos comentado el tema; sin embargo él dispuso que fuera el visitador el enlace”, apuntó.
El secretario de Seguridad Pública también precisó que esta dependencia “no es la responsable de aplicar la figura del arraigo, sino la Procuraduría General de la República”.
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