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El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este jueves ante senadores, a quienes aseguró que no ha aceptado tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque “no son competencia” de la dependencia a su cargo.
El funcionario fue llamado para que expusiera frente a los integrantes de las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, que presiden los senadores Omar Fayad Meneses, del PRI y Angélica de la Peña Gómez, del PRD, los motivos por los que hizo caso omiso de las recomendaciones 62/2010; 43/2011, y 38/2012 emitidas por la CNDH.
García Luna recordó que el 14 de junio de 2010 en el penal estatal de Mazatlán, Sinaloa, a consecuencia de una riña entre reos, 28 internos perdieron la vida y dos policías locales resultaron heridos por arma de fuego, por lo que la CNDH emitió la recomendación 62/2010.
Sin embargo, explicó que el restablecimiento del orden en el interior del centro de reclusión estuvo a cargo de las autoridades locales responsables y la policía federal no tuvo intervención alguna, pues su participación estuvo restringida a dar apoyo en la seguridad perimetral.
Aclaró que previo a los hechos seis internos solicitaron a un juez su traslado a un centro penitenciario federal de máxima seguridad, pero la petición les fue negada por no acreditar su alta peligrosidad y la recomendación estima que la SSP es responsable de los acontecimientos pues de haber autorizado los traslados no se hubieran presentado los acontecimientos.
En este sentido, precisó que la dependencia a su cargo “no puede trasladar internos sin la autorización del Poder Judicial y las irregularidades detectadas al interior del penal no son imputables a la SSP, ya que de ese centro se hace cargo el estado de Sinaloa.
En cuanto a la recomendación 43/2011, mencionó que el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, individuos no identificados con uniformes tipo militar y que se transportaban en vehículos particulares privaron de su libertad a tres personas y desde esa fecha se desconoce su paradero.
La observación --agregó-- deriva en que las paginas web de algunos medios de comunicación señalaron que en octubre y noviembre de ese año había despliegue de elementos de la policía federal en diversos municipios de ese estado, lo que constituyó una “contextualización” que vincula los hechos con ese operativo.
Ante ello, el secretario García Luna aseguró que la rechazó porque “ni los quejosos ni los testigos o sus representantes legales hicieron imputación alguna en contra de la policía federal, además de que la SSP no fue emplazada de origen por la CNDH como autoridad responsable”.
Respecto a la recomendación 38/2012 dijo que el 1 de mayo de 2011 los agraviados participaron en una riña al interior de un bar en la Feria de la Primavera en Cuernavaca, Morelos, por lo que la policía municipal aseguró a esas personas.
Afirmó que fue la policía municipal quien entregó a las dos personas a elementos del Ejército, quienes a su vez los trasladaron a un cuartel militar donde uno de ellos falleció y su cuerpo fue localizado siete días después.
Subrayó que la policía federal se limitó a proporcionar “seguridad perimetral” a solicitud expresa del municipio de Cuernavaca y “no tuvo bajo su esfera material o jurídica a los agraviados”, además de que la averiguación previa integrada por la Procuraduría de Justicia Militar derivó en la responsabilidad penal de servidores públicos de la Defensa Nacional”.
Por otro lado, dio a conocer que la secretaría a su cargo ya dio cumplimiento a la recomendación 1VG/2012 sobre el caso Ayotzinapa, Guerrero en donde dos estudiantes rurales y un trabajador murieron.
Los familiares de los jóvenes fallecidos --añadió-- fueron indemnizados por el estado de Guerrero, en tanto que a las hijas menores del trabajador de la gasolinera incendiada la SSP les otorgó un apoyo económico.
García Luna manifestó que la Secretaría de Seguridad Pública “no tiene ninguna recomendación de organismos internacionales defensores de derechos humanos, por tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales”.
Asimismo, hizo notar que del 1 de diciembre de 2006 al 28 de noviembre de 2012, la SSP recibió 45 recomendaciones, de las cuales 3 son generales, 28 a la policía federal y 14 al sistema penitenciario federal.
De esas 45 observaciones --puntualizó-- 42 han sido aceptadas y 3 no.
En este sentido, informó que en promedio se recibió una recomendación por cada mil 100 elementos en el sexenio, mientras que en 2012 se registró una recomendación por cada 5 mil policías.
En otro tema, refirió que la policía federal detuvo en el sexenio a más de 128 mil personas dedicadas al narcotráfico, de la cuales 3 mil 481 están vinculados con la estructura de mando de organizaciones delictivas.
Posterior a la intervención inicial de García Luna se llevaron a cabo dos rondas de preguntas al funcionario por parte de los senadores integrantes de las comisiones.
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